De gallinas en la CDMX a vaquillas en Veracruz: el historial de apoyos pecuarios fallidos de la 4T
Mientras en la Ciudad de México se anunció la entrega de gallinas como estrategia de autoconsumo, un antecedente de este modelo fue el reparto de ganado en Veracruz por el entonces gobernador Cuitláhuac García

Mientras el debate público en la Ciudad de México se centra en la entrega de gallinas ponedoras impulsada por la administración de Clara Brugada como estrategia de autoconsumo y economía familiar, el antecedente más cercano de este modelo asistencialista pecuario dentro de la llamada Cuarta Transformación terminó reprobado, extinto y bajo investigación administrativa en el sureste del país.
Se trata de la entrega de ganado en Veracruz anunciada en abril de 2019 por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En aquel momento, el mandatario estatal promovió el reparto inicial de 500 vaquillas en el sur de la entidad como una medida para “tranquilizar” la violencia en una de las regiones más golpeadas por la inseguridad.
Sin embargo, el esquema detrás de esa promesa formó parte de un programa federal que terminó documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por su desorden administrativo, sobrecostos e ineficacia productiva.
Opacidad, sobreprecios y falta de respaldo
Aunque la entrega de semovientes despertó críticas inmediatas entre organizaciones ganaderas y productores locales —quienes advirtieron que los animales carecían de calidad genética y acompañamiento técnico—, la operación libró observaciones de daño patrimonial en el ámbito estatal. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) no detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2019 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) debido a que los recursos no salieron de las arcas veracruzanas.
El financiamiento provino directamente de la federación a través del programa Crédito Ganadero a la Palabra, operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mediante la Coordinación General de Ganadería, con una bolsa original de cuatro mil millones de pesos a nivel nacional y con Veracruz ubicado como entidad prioritaria.
Pese a que no hubo transparencia en las facturas desglosadas por ese lote de las 500 vaquillas, la Coordinación General de Ganadería fijó precios de referencia que iban de los 13 mil a los 15 mil pesos por cabeza de ganado.
El pago promedio documentado fue de 14 mil 500 pesos por ejemplar, cifra cuestionada por organizaciones ganaderas al considerarla un sobreprecio frente a la baja calidad de los animales.
Se estima que entonces hubo una erogación de entre 6.5 y 7.5 millones de pesos únicamente por ese paquete inicial, sin contabilizar el costo de los sementales.
El monto específico de aquella entrega regional no aparece desagregado en las cuentas estatales debido a que la contratación directa con proveedores se centralizó en oficinas federales dentro de la bolsa nacional de cuatro mil millones de pesos, sin aportación presupuestal de la SEDARPA de Veracruz. En consecuencia, el gasto quedó subsumido en los contratos globales de adquisición de semovientes que posteriormente observó la ASF en la auditoría 275-DE por falta de trazabilidad individual del ganado, omisiones en los registros sanitarios y deficiencias en las actas de entrega-recepción.
Las fallas documentadas por la ASF
Al fiscalizar el ejercicio 2019 mediante las auditorías de desempeño y cumplimiento 273-DE y 275-DE, la ASF confirmó los señalamientos hechos por el sector pecuario veracruzano y exhibió una cadena de omisiones operativas.
El órgano auditor observó que la SADER distribuyó el ganado sin acreditar estándares, que fueron omitidos el seguimiento veterinario, la capacitación y la entrega de insumos básicos indispensables para la supervivencia de los animales y que el programa careció de una línea base que permitiera medir si el reparto realmente incrementó el ingreso de los pequeños productores en zonas marginadas.
Los auditores también hallaron padrones incompletos, falta de acreditación legal de los predios pecuarios, actas de entrega-recepción sin firmas ni supervisión, y fallas en la trazabilidad de los aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y de las guías zoosanitarias.
Un modelo extinto “a la palabra”
El cúmulo de irregularidades derivó en Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante el Órgano Interno de Control de la SADER contra los funcionarios responsables de operar el esquema.
A la par de las observaciones por sobrecostos en compras adjudicadas sin licitación abierta, el programa enfrentó el obstáculo de la imposibilidad de recuperar las crías que los beneficiarios debían devolver “a la palabra” para dar continuidad al fondo revolvente.
Ante el fracaso operativo y financiero, el gobierno federal optó por extinguir el programa a partir de 2020, dejando el episodio veracruzano como advertencia sobre los riesgos de distribuir animales de traspatio o producción sin soporte técnico ni controles de fiscalización. Pese a las observaciones documentadas, nadie pagó este desfalco.