Ley Mariana busca frenar la impunidad en los feminicidios y castigar omisiones
La reforma obliga a investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y establece penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios que nieguen justicia.
Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que acompañó a Irinea Buendía en la construcción de la reforma, advierte que el reto ahora es llevarla a las fiscalías, investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y sancionar a los funcionarios que obstaculicen la justicia. La intención es que el Estado de México se convierta en el punto de partida de un cambio nacional.
La siguiente es una de las tantas historias que, como en una espiral infinita, se repiten a lo largo de todo el territorio nacional y a lo ancho de las décadas.
La muerte de Mariana Lima Buendía fue presentada inicialmente como un suicidio.
Pero su madre, Irinea Buendía Cortés, rechazó esa versión, emprendió una larga batalla para que se investigara lo ocurrido y llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución del máximo tribunal permitió reabrir la investigación con perspectiva de género y sentó un precedente que, 11 años después de aquella sentencia, se convirtió en una reforma legal en el Estado de México.
La llamada Ley Mariana Lima Buendía ya está vigente y busca evitar que otras familias tengan que recorrer el mismo camino para conseguir que las autoridades investiguen una muerte violenta de una mujer. Entre sus principales disposiciones establece que todas deben investigarse con perspectiva de género y debida diligencia, bajo el protocolo de feminicidio, además de incorporar sanciones para los servidores públicos que incurran en corrupción, omisiones, negligencia u obstaculicen las investigaciones y la administración de justicia.
La reforma también plantea una pregunta para las instituciones: ¿cuántas muertes de mujeres pudieron ser investigadas de manera deficiente y cuántos casos fueron descartados sin agotar las líneas de investigación?
En entrevista, Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado y defensor de derechos humanos que ha acompañado a Irinea Buendía durante este proceso, explicó que la reforma busca convertir en obligaciones legales los criterios establecidos por la Suprema Corte en la sentencia del caso Mariana Lima, emitida el 25 de marzo de 2015.
"Yo le planteé a doña Irinea la idea de que hiciéramos de una sentencia una ley”, recordó.
El planteamiento surgió después de que Irinea recorrió distintas entidades del país para difundir los alcances de la resolución judicial. En ese camino, explicó Navarrete, encontraron que numerosas fiscalías desconocían sus obligaciones o no aplicaban los protocolos correspondientes. La sentencia había establecido criterios para investigar las muertes violentas de mujeres, pero era necesario llevarlos a la legislación y establecer responsabilidades para quienes no los cumplieran.
La iniciativa fue presentada por la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena, y aprobada por unanimidad por el Congreso mexiquense el 10 de septiembre de 2026. El decreto 362 se publicó en la Gaceta del Gobierno el 25 de septiembre y entró en vigor al día siguiente.
Para Navarrete, el resultado representa un avance importante, pero no resuelve por sí mismo el problema. La modificación legal debe traducirse en investigaciones distintas, atención digna a las familias y sanciones efectivas para los funcionarios que, desde las instituciones, impidan el acceso a la justicia.
Investigar antes de descartar un feminicidio
Uno de los cambios centrales de la reforma modifica el artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para establecer que la Fiscalía debe investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluidos suicidios, accidentes y homicidios, bajo el protocolo de feminicidio.
La disposición tiene una importancia particular porque obliga a las autoridades a no cerrar anticipadamente una investigación ni descartar la posibilidad de un feminicidio sin haber agotado las líneas correspondientes.
Esto no significa que todas las muertes violentas deban clasificarse automáticamente como feminicidios. La obligación consiste en investigar con perspectiva de género, reunir las pruebas y determinar si existieron razones de género o circunstancias que permitan acreditar ese delito.
El caso de Mariana muestra por qué esa diferencia importa. Su muerte fue archivada inicialmente como suicidio, pero su madre no aceptó esa explicación. Durante años exigió que las autoridades revisaran el expediente y que se investigara lo ocurrido. La sentencia de la SCJN permitió reabrir el caso y estableció que la investigación debía realizarse con perspectiva de género y debida diligencia.
Para Navarrete, ese precedente tiene efectos que van más allá de un expediente. La resolución de la Corte estableció tres obligaciones fundamentales: investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género; sancionar a los servidores públicos que incurran en omisiones, negligencias o actos que obstaculicen la justicia, y reparar el daño causado a las víctimas e impulsar cambios institucionales para evitar que esas conductas se repitan.
La reforma mexiquense busca llevar esos principios al marco legal estatal y hacer explícita la responsabilidad de la Fiscalía.
El abogado advirtió que uno de los problemas más graves es que las investigaciones pueden comenzar con una explicación que después se convierte en una barrera para conocer la verdad. Cuando una muerte se clasifica de manera precipitada como suicidio o accidente, sin revisar adecuadamente las circunstancias, se corre el riesgo de dejar sin investigar posibles indicios de violencia de género.
Como ejemplo de la dimensión del fenómeno, Navarrete citó cifras que muestran que los suicidios de mujeres pasaron de 921 en 2010 a mil 769 en 2025, un incremento de 92.1 por ciento. En ese periodo, señaló, se acumularon 21 mil 510 casos.
A partir de esos datos, consideró necesario revisar las investigaciones para determinar si detrás de algunos suicidios pudieron existir situaciones de violencia que no fueron identificadas oportunamente.
“No sabemos cuántos feminicidios podrían estar ocultos detrás de aparentes suicidios, precisamente porque no siempre se investiga adecuadamente la muerte violenta de las mujeres”, planteó.
El señalamiento, aclaró, no supone que todos los suicidios sean feminicidios, sino que las autoridades deben investigar las circunstancias de cada caso y no descartar de antemano ninguna línea. La perspectiva de género, explicó, debe estar presente desde el inicio de la investigación y no aparecer solamente cuando las familias consiguen presionar para que se revise un expediente.
En ese sentido, la reforma busca que la obligación no dependa de la insistencia de una madre, de la atención mediática que reciba un caso o de la capacidad económica de una familia para contratar asesoría y sostener una exigencia ante las autoridades.
Castigar a quienes niegan justicia
La segunda parte de la reforma incorpora la fracción XXXIV al artículo 353 del Código Penal del Estado de México. Con ello se tipifica la negación de justicia por razones de género cuando un servidor público, estando obligado a investigar o sancionar un delito cometido contra una mujer por esas razones, incurra en actos de corrupción, omisiones, negligencia o falencias que obstaculicen la investigación y la administración de justicia.
Las sanciones contemplan de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días multa, además de destitución e inhabilitación.
El cambio busca que la responsabilidad institucional no se limite a señalar que una investigación fue deficiente. También pretende que existan consecuencias penales para los funcionarios que, por acción u omisión, impidan que las víctimas y sus familias accedan a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Navarrete explicó que, durante el acompañamiento a familiares de víctimas, encontraron prácticas que van desde la falta de diligencia en las investigaciones hasta el maltrato, las ofensas y la revictimización de quienes acuden a denunciar.
“Hay malos servidores públicos, insensibles, que maltratan, revictimizan y ofenden a las víctimas”, señaló.
El abogado consideró que la reforma permite reconocer que la violencia institucional también puede prolongar el sufrimiento de las familias. Una persona que pierde a una hija, hermana o madre por un feminicidio no debería enfrentar, además, un sistema que le niegue información, la obligue a repetir una y otra vez su historia o la haga responsable de impulsar una investigación que corresponde a las autoridades.
El problema, sostuvo, no es solamente jurídico. También tiene que ver con prácticas arraigadas en las instituciones, con la falta de capacitación y con una cultura que puede normalizar la indiferencia ante las víctimas.
Por eso, insistió en que la reforma debe acompañarse de cambios en la manera en que trabajan las fiscalías y los organismos encargados de procurar justicia. No basta con que exista una nueva disposición si quienes deben aplicarla continúan investigando bajo los mismos criterios que permitieron la impunidad.
“Lo que estamos buscando es desarticular esas redes de complicidades institucionales, pero también de permisividad social”, explicó.
Irinea Buendía, una lucha que busca alcanzar a otras familias
La historia de Mariana Lima también muestra el peso que puede tener la persistencia de una familia frente a las instituciones. Durante años, Irinea Buendía insistió en que la muerte de su hija no podía quedar reducida a la primera explicación de las autoridades.
Su lucha permitió que el caso llegara a la Suprema Corte y que se establecieran criterios que hoy forman parte de una reforma estatal. Sin embargo, Navarrete advirtió que no todas las familias tienen las mismas condiciones para sostener una exigencia de esa naturaleza.
Uno de los episodios que mejor refleja las irregularidades de la investigación original ocurrió con la cuerda que, según la primera versión de las autoridades, habría utilizado Mariana para quitarse la vida.
Irinea Buendía consiguió recuperar un fragmento de esa cuerda que formaba parte de la carpeta de investigación. Con ese elemento realizó sus propias pruebas para comprobar si realmente podía soportar el peso de una persona. Colocó bolsas de frijol y arroz y, de acuerdo con el relato de Navarrete, determinó que el material resistía apenas 14 kilos y medio.
La prueba evidenció las dudas sobre la mecánica de la muerte y también las deficiencias en el manejo de los indicios, pues el fragmento pudo salir de la carpeta sin que existiera una cadena de custodia adecuada.
La historia revela hasta dónde tuvo que llegar una madre para cuestionar una investigación que las autoridades habían dado por concluida. Irinea no sólo exigió que se revisara la muerte de su hija: tuvo que buscar elementos por su cuenta para demostrar que la explicación oficial no correspondía con las evidencias.
Algunos casos reciben atención pública y mediática, mientras otros permanecen prácticamente invisibles. Hay madres que, además del dolor por la pérdida, enfrentan dificultades económicas, problemas de salud y obstáculos institucionales para conseguir que sus expedientes avancen.
La diferencia en el acompañamiento y la visibilidad puede influir en la posibilidad de que una familia consiga ser escuchada, dijo el abogado.
El abogado también recordó que Irinea ha enfrentado amenazas y agresiones durante su lucha. De acuerdo con lo que relató en la entrevista, la madre de Mariana ha sufrido al menos seis atentados, entre ellos un ataque armado contra su domicilio. Navarrete señaló que uno de esos episodios ocurrió después de que le retiraron la protección que recibía por parte de las autoridades estatales.
El caso evidencia que quienes buscan justicia pueden quedar expuestos a nuevas formas de violencia e intimidación. Para el defensor, el Estado también tiene la responsabilidad de proteger a las familias que impulsan investigaciones y evitar que la exigencia de justicia se convierta en un riesgo para sus vidas.
La reforma, en ese sentido, no pretende únicamente modificar la actuación de las fiscalías. También busca que las víctimas y sus familiares puedan ejercer sus derechos sin tener que enfrentarse a un sistema que los desgaste, los revictimice o los deje desprotegidos.
Del Estado de México al resto del país
Aunque la reforma ya está vigente, Pablo Navarrete Gutiérrez hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para abrir una ruta de trabajo que permita llevarla a la práctica.
El abogado y defensor de derechos humanos señaló que buscan una audiencia con la mandataria y con el fiscal general de Justicia del Estado de México para entregarles una propuesta de implementación y establecer mecanismos que garanticen que las nuevas disposiciones se cumplan.
La petición tiene un propósito concreto: que el Estado de México no se quede únicamente con una reforma aprobada, sino que se convierta en referente nacional en la investigación de feminicidios, la sanción a funcionarios omisos y la atención a las familias de las víctimas.
El abogado adelantó que buscan reunirse con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con el fiscal general de Justicia del Estado de México para presentar una propuesta de implementación. La intención es establecer mecanismos que permitan llevar la reforma a la práctica y revisar cómo se están investigando las muertes violentas de mujeres.
“Para nosotros no está terminado el tema; ha empezado el tema. El verdadero tema ahora es la implementación”, afirmó.
También trabajan en la documentación de casos que podrían revisarse bajo las nuevas disposiciones. La idea es que la ley no permanezca como un avance escrito en el Periódico Oficial, sino que pueda ponerse a prueba en expedientes concretos, identificar fallas y determinar si las autoridades están cumpliendo con sus obligaciones.
Navarrete consideró que el Estado de México puede convertirse en un referente nacional. El propósito es llevar la propuesta a los congresos de otras entidades para que puedan retomarla y adaptarla a sus legislaciones. Su objetivo, explicó, es que durante el primer trimestre de 2027 se hayan presentado iniciativas en todo el país.
El abogado sostuvo que la reforma no responde a una agenda partidista y que su alcance debe estar abierto a todas las fuerzas políticas. Aunque la iniciativa fue presentada por una legisladora de Morena y recibió el respaldo unánime del Congreso mexiquense, consideró que la protección de las mujeres y el acceso a la justicia deben estar por encima de las diferencias políticas.
También planteó que el debate debe vincularse con los esfuerzos para construir una legislación general sobre feminicidio, de manera que los criterios de investigación y las responsabilidades de los servidores públicos puedan fortalecerse en todo el país.
Para Navarrete, el Estado de México ha sido durante años uno de los territorios más golpeados por el feminicidio. Ahora, dijo, tiene la oportunidad de convertirse en el punto de partida de una política pública de largo alcance para combatir la impunidad.
La justicia también es una cuestión de dignidad
Más allá de las modificaciones legales, el abogado consideró que el problema de fondo es la pérdida de sensibilidad de las instituciones frente al sufrimiento de las víctimas. A su juicio, la atención a las familias no puede depender de sus recursos económicos, sus relaciones o la visibilidad pública que alcance su caso.
“Hay una deshumanización del sistema de justicia en México y eso no lo podemos permitir”, advirtió.
Navarrete relacionó esa situación con un deterioro más amplio del respeto a la dignidad humana y con una sociedad en la que las diferencias y la polarización pueden desplazar la solidaridad. Consideró que la justicia debe recuperar su sentido como una responsabilidad del Estado y no como un beneficio al que solamente pueden acceder quienes tienen más recursos o contactos.
En ese contexto, insistió en que las familias de las víctimas no deberían tener que enfrentarse a un sistema que les da la espalda. La obligación de las autoridades es investigar, esclarecer los hechos y garantizar que quienes cometieron un delito respondan ante la justicia.
La reforma también busca impulsar una transformación institucional y social: capacitar a quienes investigan, modificar prácticas que reproducen la violencia, evitar la revictimización y recordar que detrás de cada expediente hay personas y familias que esperan respuestas.
Para Navarrete, el caso de Mariana no debe ser recordado únicamente por la violencia que terminó con su vida, sino por la lucha de una madre que consiguió transformar su exigencia de justicia en una herramienta para otras familias.
La Ley Mariana Lima Buendía representa ese primer paso. Su alcance, sin embargo, dependerá de que las fiscalías investiguen de otra manera, de que las omisiones tengan consecuencias y de que ninguna familia tenga que recorrer durante años los pasillos de las instituciones para conseguir que la muerte de una mujer sea investigada con seriedad.
Navarrete también hizo un llamado a las mujeres y a las familias que han enfrentado omisiones, negligencia o malos tratos durante la búsqueda de justicia para que se acerquen, denuncien sus historias y permitan documentar sus casos. Sostuvo que visibilizar esas experiencias será fundamental para poner a prueba la reforma, identificar las fallas de las autoridades y conseguir que las nuevas disposiciones se traduzcan en justicia efectiva.
La sociedad entera debemos frenar esa espiral infinita, que se repite a lo largo de todo el territorio nacional, y a lo ancho de las décadas.
“Que el dolor ajeno no me sea indiferente”, resumió.