Las crisis de abastecimiento de agua en Monterrey, en 2022, y la contaminación y actual reducción del suministro en Guadalajara evidencian la vulnerabilidad de los sistemas hidráulicos urbanos. Aunque sus causas fueron distintas, ambas comparten un problema de fondo: la falta de inversión oportuna para mantener, ampliar, modernizar y proteger la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
UN REZAGO DE DÉCADAS
Buena parte de la infraestructura que sostiene el abastecimiento urbano y la producción agrícola del país supera los 50 años de antigüedad. Entre 1947 y 1982, cuando la inversión hidráulica promedió 0.83% del producto interno bruto (PIB), se construyeron grandes presas, distritos de riego, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de distribución y drenaje. A esa etapa pertenecen obras como las presas La Angostura, Malpaso y Chicoasén, así como los Sistemas Cutzamala, el acueducto Linares-Monterrey y el Sistema Antigüo de agua Chapala-Guadalajara.
Con la crisis económica de los años ochenta, esa dinámica se interrumpió. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la inversión disminuyó a 0.46% del PIB, y con Carlos Salinas de Gortari bajó a 0.24 por ciento. Desde entonces no se ha recuperado el nivel de 0.5% señalado como mínimo recomendable por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.
EMERGENCIAS QUE REVELAN LA FRAGILIDAD DEL SISTEMA
En Monterrey, la sequía de 2022 llevó las presas La Boca y Cerro Prieto a niveles de 7.4% y 0.5% de su capacidad, respectivamente. La escasez obligó a restringir el suministro a unas horas diarias y recurrir a pipas. Como respuesta, se construyó de urgencia un acueducto de aproximadamente 93 kilómetros desde la presa El Cuchillo y con capacidad de cinco mil litros por segundo (lps). La obra requirió más de 14 mil millones de pesos y fue inaugurada en septiembre de 2023.
En Guadalajara, desde diciembre de 2025 existían antecedentes de contaminación en los canales a cielo abierto de Atequiza y Las Pintas, parte del antiguo sistema que conduce agua desde Chapala. Al atravesar zonas urbanas e industriales, estos canales están expuestos a descargas irregulares de aguas residuales y basura. Las lluvias y los desbordamientos del drenaje agravaron la contaminación, que la planta potabilizadora Miravalle no logró eliminar por completo. El problema afecta a más de un millón de personas y obliga a implementar tandeos en 627 colonias.
Para atenderlo, la Conagua anunció una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos, a ejecutar en dos años, destinada a un segundo acueducto para llevar agua de Chapala, de 42 kilómetros y capacidad de ocho mil lps; así como el acueducto Calderón-San Gaspar, con capacidad de tres mil 500 lps, y la planta potabilizadora San Gaspar. Por su parte, el gobierno del estado de Jalisco realizará interconexiones y construirá una nueva planta en Miravalle para elevar su capacidad de potabilización hasta siete mil 500 lps, con una inversión de 10 mil 200 millones de pesos.
INVERTIR ANTES DE LA SIGUIENTE CRISIS
Que dos de las principales ciudades del país hayan enfrentado emergencias de abastecimiento por causas distintas demuestra que el problema no se limita a la sequía o la contaminación. También refleja una infraestructura insuficiente para responder a contingencias que pueden presentarse en cualquier momento.
Las obras de emergencia resultan indispensables cuando el suministro está comprometido, pero no deberían sustituir la planeación de largo plazo. México necesita incrementar de manera sostenida la inversión en infraestructura hidráulica, anticipar las necesidades de crecimiento y reducir la vulnerabilidad de sus sistemas. El acceso al agua no puede depender de que nada falle: debemos tener redundancia y capacidad para responder, incluso, ante las contingencias.