Descarta Bienestar uso electoral de programas en 2027 y niega coacción del voto con apoyos sociales
Pese a los señalamientos de la oposición por el aumento presupuestal de 14 mil 221% en la nómina de los Servidores de la Nación, Leticia Ramírez afirmó que los recursos son auditados por Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y la ASF
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, descartó el uso o probable uso de los programas sociales del Gobierno federal con fines electorales o que puedan ser condicionados para beneficiar a Morena, en 2027.
“Nosotros no lo hacemos y déjenme reiterarles: todos nosotros tenemos algún familiar, algún conocido que es derechohabiente o beneficiario de alguno de los programas de Bienestar. Y les podrán decir que nunca les hemos dicho que tienen que votar por Morena o por cualquier partido para poder tener derecho”, afirmó.
“En este momento no tenemos una denuncia por eso”, recalcó, ante los cuestionamientos de la oposición sobre el crecimiento presupuestal de la estructura de los Servidores de la Nación, y que podría ser utilizada para cooptar el voto.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar, de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la secretaria argumentó que los partidos políticos tienen sus propios mecanismos para difundir sus propuestas y programas de gobierno, por lo que no corresponde a los servidores públicos involucrarse en esas tareas.
“¿Qué garantía tenemos?”, planteó el panista Héctor Saúl Téllez, sobre las garantías para impedir que los operadores de los programas sociales intervengan en los comicios del próximo año.
Ramírez Amaya respondió que, cuando se presenta una denuncia, se activan los procedimientos correspondientes.
Según las cifras presentadas por Téllez, el presupuesto destinado a los Siervos de la Nación pasó de 24.8 millones de pesos en 2019 a cuatro mil 142 millones de pesos en 2026, un crecimiento de 14 mil 221 por ciento.
El diputado señaló que, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la partida aumentaría 17.7 por ciento, hasta aproximarse a cuatro mil 900 millones de pesos.
También sostuvo que, entre 2019 y 2026, el gasto acumulado de esa estructura habría alcanzado alrededor de 31 mil millones de pesos, y cuestionó la transparencia de los recursos ejercidos mediante contratos por honorarios.
“¿Cuál es la garantía que tenemos los mexicanos de que esa estructura de los Servidores de la Nación no va a ser utilizada de manera electoral?”, insistió.
En su defensa, Ramírez Amaya sostuvo que los Servidores de la Nación son identificables por sus chalecos beige y mantienen contacto directo con las comunidades, tanto para acercar los programas como para atender emergencias sociales.
“La garantía es que ahí están. Si no confiamos en la gente”, respondió, al afirmar que la población puede denunciar cualquier intento de condicionar los apoyos.
Insistió en que los beneficiarios no tienen que afiliarse a un partido ni comprometer su voto para acceder a las transferencias.
“Lo único que nosotros hacemos es ayudar a ejercer ese derecho”, sostuvo.
Otra demanda, tanto de legisladores de oposición como desde el Partido del Trabajo, fue presentar indicadores que permitan comprobar la contribución de cada programa a la reducción de la pobreza y al ejercicio de los derechos sociales, así como mecanismos para verificar que el presupuesto se aplique conforme a sus objetivos.
Por el PT, aliado de Morena, Adrián González Naveda, señaló que los programas sociales son derechos conquistados por la población “y no pertenecen a un gobierno” y pidió armonizar las leyes secundarias para fortalecer la política social y atender aspectos específicos de programas como La Escuela es Nuestra.
Leticia Ramírez destacó que los indicadores de los programas se revisan trimestralmente y sus avances se reportan a la Secretaría de Hacienda.
Aseguró que la evaluación no depende exclusivamente de la propia dependencia, pues también intervienen instancias fiscalizadoras y de control.
“Todos los programas son evaluados. Queremos que cada peso se traduzca en bienestar”, afirmó, al mencionar la revisión de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, defendió también la participación comunitaria como mecanismo de vigilancia.
“La auditoría que más nos interesa, la auditoría que todos los días sentimos, es la auditoría del propio pueblo”, expresó.