Escándalo por contratos y videos terminó por tirar a Taddei del INE
La consejera presidenta adelantó que este lunes presentará formalmente ante la Cámara de Diputados su renuncia al cargo
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que este lunes presentará ante la Cámara de Diputados su renuncia al cargo.
Esto, en el marco de los señalamientos de adjudicación irregular de contratos para material electoral, colusión y triangulación de recursos públicos.
A esto se suma la difusión de videos en los que se le muestra en una relación cercana con el proveedor de insumos electorales Alfredo Hernández.
Hernández es dueño de empresas que, tan solo en 2024, recibieron contratos por 198 millones de pesos en el INE.
Debido a que Taddei estuvo en el cargo tres años con seis meses, la Constitución marca que se elegirá un sustituto para que concluya el encargo, si la o el presidente del INE han ostentado el puesto menos de seis años.
Mientras la Cámara de Diputados nombra al sustituto o sustituta, las diez consejerías restantes podrían elegir un interino por mayoría de votos, tal como ocurrió en 2013, previo al nacimiento del INE, cuando el Consejo General se quedó sin presidencia y con tan solo cuatro consejerías.
La forma en que el Instituto Nacional Electoral y varios organismos electorales estatales han gastado recursos públicos está bajo la lupa.
El viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en la entrega de contratos, conflictos de interés y movimientos de dinero que podrían involucrar tanto a funcionarios como a empresas privadas.
La ASF informó que decidió intervenir por cuenta propia, luego de reunir indicios de que algunas contrataciones pudieron realizarse mediante acuerdos indebidos entre proveedores, además de posibles triangulaciones de recursos públicos.
Las investigaciones no se limitarán al INE; también alcanzarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a servidores públicos, empresarios y proveedores que pudieran estar relacionados con estas operaciones.
De acuerdo con la Auditoría, ya existen elementos que hacen sospechar que no todo se hizo conforme a las reglas en determinadas compras y contrataciones.
En el caso aparecen dos empresas: Corporativo ZEG y Cajas Graf, cuyos contratos con el organismo electoral han levantado cuestionamientos.
Según los señalamientos, antiguos colaboradores cercanos a la presidencia del INE aparecieron como representantes legales de estas compañías, que fueron incorporadas al padrón de proveedores del instituto apenas unas semanas después del cambio en la presidencia del Consejo General.
Las sospechas aumentaron porque ambas firmas ya contaban con antecedentes de investigaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares. Además, en 2024 se abrió una investigación ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas.
Uno de los contratos cuestionados es el otorgado durante el proceso electoral de 2024, cuando el INE adjudicó directamente 197 millones de pesos a estas empresas para fabricar mamparas y urnas, después de que una licitación anterior fuera declarada desierta.
También existen antecedentes de contratos por más de 60 millones de pesos entregados a estos proveedores en estados como Sonora y Chihuahua.