Investigan red de despojo que opera en CDMX y Edomex con complicidad de notario
Las investigaciones detectaron que la red de despojo opera principalmente en Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl
Una presunta red dedicada al despojo de inmuebles, en la que se señala a un notario público y un supuesto empresario, es investigada tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, entidad donde acumula al menos 10 denuncias por despojo, además de tres más por amenazas y lesiones contra propietarios que se resistieron a perder sus viviendas.
De acuerdo con la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la estructura criminal liga a José Antonio "N", titular de la Notaría Pública número 29, con sede en Nezahualcóyotl, con un supuesto empresario identificado como Óscar "N".
Las indagatorias apuntan a que esta organización opera mediante la presunta falsificación y manipulación de documentos notariales y registrales, para apropiarse de propiedades pertenecientes principalmente a adultos mayores y familias de escasos recursos.
El caso también ha encendido las alertas por posibles conexiones con servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), de quienes presuntamente obtendrían información sensible para identificar inmuebles y facilitar las operaciones fraudulentas.
Pero la presunta red no se limitaría al ámbito notarial y registral, la carpeta de investigación también señala posibles vínculos con integrantes de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), quienes supuestamente serían utilizados para intimidar y ejercer presión contra los legítimos propietarios de los inmuebles seleccionados.
Incluso, no se descarta la posible participación de otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), aunque estas líneas deberán ser esclarecidas por las autoridades ministeriales.
Las denuncias contra esta presunta organización se concentran principalmente en Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde las víctimas aseguran que fueron despojadas de sus propiedades mediante documentos notariales que acreditaban supuestas compraventas realizadas años atrás.
Uno de los casos es el de Maricela Ordaz, quien perdió una propiedad en Nezahualcóyotl, pese a que su familia la habitaba desde hace 20 años.
A las denuncias por despojo se suman tres carpetas por amenazas y lesiones, las víctimas señalaron que fueron golpeadas e intimidadas por personas presuntamente vinculadas con la organización para obligarlas a abandonar sus propiedades.
El abogado Gabino Ocampo, quien representa a varias de las familias afectadas, explicó que uno de los principales obstáculos para recuperar los inmuebles es el desgaste económico y jurídico al que son sometidos los propietarios.
De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo presuntamente utilizado consiste en manipular los libros notariales para dejar espacios vacíos entre folios y fechas, que posteriormente serían utilizados para insertar operaciones jurídicas simuladas.
Con este procedimiento se elaborarían supuestas compraventas con fechas retroactivas, que darían apariencia de legalidad a documentos que después serían utilizados para reclamar la propiedad de los inmuebles.
El esquema también habría encontrado facilidades en las deficiencias del Archivo General de Notarías, debido a que los fedatarios pueden conservar los libros de resguardo durante periodos prolongados, mientras que, según los señalamientos, existirían deficiencias en las auditorías de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.
Las investigaciones apuntan a que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura que presuntamente involucra a fedatarios públicos, exfuncionarios municipales y servidores públicos de distintas dependencias, además de inmuebles de la Ciudad de México.