Lula derrotó a Flávio Bolsonaro en Brasil y, en Estados Unidos, los demócratas le arrebataron el control de ambas cámaras del Congreso a Donald Trump. Ahora toca mirar a España, donde este viernes comenzó formalmente la campaña rumbo a las elecciones del 29 de noviembre. Para seguir gobernando, Pedro Sánchez necesita que los socialistas y las demás fuerzas de izquierda reúnan suficientes apoyos en el Congreso. Si se cumple lo que anticipan algunas encuestas, el Partido Popular y Vox podrían sumar los escaños necesarios para una mayoría absoluta. Eso pondría a la ultraderecha española en condiciones de exigir ministerios y decidir algunas de las políticas que llevaría adelante el próximo gobierno.
La nostalgia de Vox por el franquismo se ha escuchado hasta en la tribuna. El 1 de abril de 2025, aniversario del triunfo de Francisco Franco en la Guerra Civil, el diputado Sergio Rodríguez deseó a sus colegas del Parlamento de las Islas Baleares un “feliz Día de la Victoria”. En Aragón, esa disputa por la memoria histórica tuvo consecuencias para las familias que aún buscan a sus desaparecidos. Apenas en 2024, PP y Vox impulsaron la derogación de la ley que obligaba al gobierno regional a localizar e identificar los restos de las víctimas de la feroz represión emprendida por la dictadura.
Otro ejemplo de lo que el Partido Popular ha aceptado para gobernar con Vox está en la Comunidad Valenciana. En 2023, ambos partidos firmaron un acuerdo de gobierno con 50 compromisos. La izquierda y los colectivos feministas criticaron que ninguno mencionara la violencia machista. El pacto hablaba de “violencia intrafamiliar”, el término que defendía Vox. Al día siguiente de la firma, José María Llanos, diputado de ese partido, lo dijo sin rodeos: “La violencia machista no existe”.
Cuando habla de migración, Santiago Abascal recurre al mismo lenguaje que Donald Trump. Esta semana, en Girona, el dirigente y candidato de Vox habló de una “invasión migratoria” y arremetió contra la “islamización” de España. Su programa propone reservar a los españoles el Ingreso Mínimo Vital, un apoyo para quienes no tienen con qué cubrir sus necesidades básicas. Ese discurso xenófobo alimenta la idea de que los extranjeros acaparan la ayuda, cuando en el primer semestre de 2026 alrededor de 82% de sus titulares tenía nacionalidad española.
También están en juego las pensiones públicas, uno de los grandes logros de la España democrática. En octubre, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, advirtió que el sistema iba a colapsar. El responsable económico de Vox, José María Figaredo, fue más lejos. Propuso que una parte de la pensión dependiera del ahorro acumulado en cuentas individuales, una fórmula que abre la puerta a la privatización parcial. La propuesta se entiende mejor si se tiene en cuenta que uno de los principales referentes económicos de Vox es el mismísimo Javier Milei, cuyos resultados en esta materia han sido más que dudosos para los jubilados argentinos.
Frente al genocidio en Gaza, el gobierno de Sánchez ha sostenido una de las posturas más dignas del mundo. Reconoció al Estado de Palestina y prohibió que los barcos con armas para Israel hicieran escala en puertos españoles. Esa decisión le ganó la abierta hostilidad de la derecha israelí y estadunidense. El gobierno de Netanyahu vetó la entrada de dos ministras españolas y en Washington se propusieron sanciones comerciales contra España. Abascal, en cambio, eligió el mismo día del reconocimiento palestino para visitar a Netanyahu en Jerusalén y expresarle su respaldo.
Brasil y Estados Unidos acaban de demostrar que la ultraderecha puede ser derrotada en las urnas. Es el turno de España. En dos semanas se decide si continúa un gobierno que ha ampliado derechos dentro de sus fronteras y ha tenido el valor de defenderlos fuera de ellas, o si el PP le abre las puertas del gobierno a los ultras. Como vemos, España está al borde de la barbarie, pero la última palabra todavía la tiene su pueblo.