Anexos en México, entre la vulneración de internos y su cercanía con el crimen

Desapariciones, reclutamiento forzado, falta de higiene y otras vulneraciones se reportan en los anexos irregulares que operan a lo largo del país

En menos de un año se iniciaron 152 expedientes y se reportó la muerte de al menos dos personas por golpes en anexos de Chimalhuacán y Ecatepec
En menos de un año se iniciaron 152 expedientes y se reportó la muerte de al menos dos personas por golpes en anexos de Chimalhuacán y EcatepecÁngeles Velasco

Entre las irregularidades con las que operan la inmensa mayoría de los centros de rehabilitación conocidos como anexos en México, destacan la operación sin registro ni supervisión médica su uso como casas de seguridad y puntos de venta de droga.

Aunque las autoridades de al menos seis estados han intervenido en estos lugares, en muchos casos apenas se ha descubierto una pequeña parte de las actividades ilegales que enmascaran estos recintos.

Un supuesto refugio al control del crimen

La fachada ostenta un rótulo despintado con las siglas de Alcohólicos Anónimos y una frase sobre la fe o el rescate de las adicciones. Cruzar la puerta implica para cientos de veracruzanos ingresar a un circuito de hacinamiento, tortura psicológica, agresiones físicas y, en el extremo opuesto a la rehabilitación, la operatividad del crimen organizado.

La inmensa mayoría de los anexos funciona sin registro ante la Cofepris ni supervisión médica o psicológica, pese a que la NOM-028-SSA2 exige cumplimiento estricto.

Las autoridades eligen no dar su punto de vista, lo que alimenta la impunidad bajo el disfraz de "buena voluntad".

Operativos de la Fiscalía del estado y de fuerzas federales en Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica y Córdoba muestran que grupos delictivos los usan como casas de seguridad, puntos de venta de droga y centros de reclutamiento forzado.

En enero, las autoridades hallaron armas, drogas y celulares durante un cateo en el anexo Hablemos de Felicidad, en Veracruz
En enero, las autoridades hallaron armas, drogas y celulares durante un cateo en el anexo Hablemos de Felicidad, en VeracruzLourdes López

En enero de 2026, las autoridades catearon el anexo Hablemos de Felicidad, en la localidad de Mundo Nuevo, Veracruz, y detuvieron a cinco personas y rescataron a un número no especificado de internos privados de su libertad; hallaron armas, drogas y celulares.

En Poza Rica localizaron a personas reportadas como desaparecidas en recintos que cobraban cuotas semanales a sus familiares.

Los ingresos suelen hacerse con detenciones forzadas en la calle o en casa, contratadas por familiares desesperados ante la falta de alternativas en salud pública. Si hay denuncias, la defensa es que los familiares consintieron.

El psicólogo clínico Eleuterio Gómez describió sanciones corporales, aislamiento y maltrato, justificados como "disciplina" porque las familias lo ven como "lo último que pueden hacer".

Hay sanciones corporales, aislamiento y maltrato. En la consulta he topado con tres casos que han sido bárbaros: los métodos de castigo vulneran a quienes están internados contra su voluntad porque generalmente recurren a la agresión física, al encierro, una mala alimentación y un trato deshumanizado", describió.

En estos centros, donde conviven hombres y mujeres, se han denunciado abusos sexuales y terapias de conversión.

Sin médicos, enfermeros ni psicólogos, las crisis de abstinencia se atienden con contención física o aislamiento; los peritajes atribuyen las muertes a golpizas de "padrinos" y a paros cardiorrespiratorios por abstinencia no tratada.

Alcohólicos Anónimos reiteró su deslinde: prohíbe el internamiento, la fuerza, las cuotas y el lucro, y su método son sesiones ambulatorias y voluntarias de hora y media al día.

Los entrevistados advirtieron que su logotipo se usa indebidamente y pidieron no dejarse engañar por quienes lucran con la desesperación de las familias.

Desapariciones, maltratos y hasta ejecuciones

Aunque oficialmente existen 520 centros de rehabilitación por adicciones en Guanajuato, cifras gubernamentales y de organizaciones privadas revelan que podría haber más de mil que operan clandestinamente.

Los secuestros y hasta asesinatos en sus instalaciones son repetidos, con casos en Salamanca, Irapuato, Celaya y, recientemente, San José Iturbide.

También se documentó maltrato físico y psicológico: pacientes golpeados, aislados y privados de agua y comida.

Instalar un anexo es un gran negocio: cada semana piden "cooperaciones" superiores a 500 pesos, más comida y artículos como pasta de dientes o papel higiénico.

Carolina, su madre y hermanos llevaron a su padre, de 49 años, a un anexo en Las Joyas, León.

Agredía a mi mamá, con nosotros se ponía violento. Decidimos anexarlo, pero tampoco vemos avances y nos cobran mucho dinero", dijo a Excélsior.

Cifras oficiales y de organizaciones privadas estiman que en Guanajuato operan más de mil anexos clandestinos.
Cifras oficiales y de organizaciones privadas estiman que en Guanajuato operan más de mil anexos clandestinos.Andrés Guardiola

Va a cumplir un año de encierro. Los domingos lo visitan y le llevan comida y ropa, pero además les piden paquetes de papel de baño.

Yo veo que ahí se pasan de negociantes", reprochó.

Su padre ha mostrado marcas de golpes, pero como no ha querido decir qué ocurrió, ella no se atreve a afirmar que lo maltraten.

María Cristina Torres Sánchez, enfermera de 22 años, desapareció el 10 de marzo de 2017 del anexo Nuevo Amanecer, en la colonia Los Fresnos, en León.

Los responsables dicen que rompió un vidrio, se descolgó con sábanas del segundo piso, brincó una barda con alambre de púas y escapó.

Eso es inverosímil. Yo creo que alguien la sacó de ahí", reclamó su madre.

El caso quedó impune y el anexo sigue operando para mujeres.

El 1 de junio de 2020, en la clínica Buscando el Camino a mi Recuperación, en Arandas, Irapuato, fueron asesinadas 27 personas, el ataque más brutal contra un anexo en la historia del país, atribuido al Cártel de Santa Rosa de Lima.

El más reciente fue el 17 de enero en Los Marginados, en San Felipe, donde mataron a dos hombres.

El gobierno estatal abrió un diálogo con más de 40 centros de tratamiento.

Lo encabezó el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, con Héctor Díaz Esquerra, comisionado de Búsqueda de Personas; Hugo Enrique Chávez Jaime, encargado fiscal regional A, y las secretarías de Seguridad y Paz, Salud, Nuevo Comienzo y Derechos Humanos. Dijo que la gobernadora Libia García pidió hacerlo de forma sistemática por ser un tema prioritario.

Operan sin higiene, pese a intervenciones del gobierno

Sin higiene ni protocolos de salud operan en el Estado de México centros de rehabilitación particulares donde los internos son golpeados, retenidos a la fuerza y obligados a cometer ilícitos.

En menos de un año se iniciaron 152 expedientes y se reportó la muerte de al menos dos personas por golpes, en anexos de Chimalhuacán y Ecatepec.

La Fiscalía detectó que algunos son usados por estructuras delictivas como "refugio" para evadir la justicia y que ciertos internos son obligados a vender droga o reclutados para otros delitos.

Las autoridades declinaron informar cuántos tienen registrados y qué normas deben cumplir, aunque se estima que sólo uno de cada cinco las cumple.

La proliferación se denuncia sobre todo en municipios metropolitanos. En Ecatepec, una familia denunció que el cuerpo de su interno apareció en la calle, días después de que les negaran verlo porque estaba "castigado por mal comportamiento".

Con la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem), Protección Civil y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, la fiscalía estatal intervino en nueve meses 94 anexos irregulares, de difícil identificación por funcionar en casas o bodegas. Aseguró 53 con internado y los otros 41 siguen operando.

La fiscalía estatal intervino en nueve meses 94 anexos irregulares que funcionaban dentro de casas o bodegas
La fiscalía estatal intervino en nueve meses 94 anexos irregulares que funcionaban dentro de casas o bodegasÁngeles Velasco

En los 53 ubicaron a mil 599 personas: mil 518 regresaron con sus familias, 80 fueron canalizadas a centros que cumplen la norma y una pidió su externamiento voluntario por carecer de redes familiares.

Algunos carecen de personal capacitado y del expediente clínico que exige la Ley General de Salud, por lo que incurren en privación de la libertad.

Encerraban a internos en cisternas, los rapaban o los obligaban a hacer piñatas, supuestamente para financiar el centro, sin constancia de ello.

En Naucalpan rescataron a tres personas privadas de su libertad y a dos menores de 12 años que dijeron ser golpeados; en Ecatepec liberaron a tres menores (15, 14 y 9 años), presuntas víctimas de secuestro, amarrados.

Las familias acuden sin verificar la norma por desesperación, "pero no se imaginan el infierno que se vive".

También hay centros que han ayudado a superar adicciones y marchan para que se les reconozca y operen dentro de la norma.

Sirven para reclutas de red de extorsion

La Fiscalía General del Estado intervino nueve anexos presuntamente vinculados con la red de extorsión, cobro de piso y usura que opera en Oaxaca capital y su zona metropolitana bajo la fachada de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca. Algunos habrían servido para reclutar personas y asignarles funciones operativas.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que las pesquisas conectan a responsables de centros de internamiento, financiadores de préstamos "gota a gota" y células de cobro e intimidación de comerciantes y transportistas.

Los centros de rehabilitación habrían funcionado como espacios de captación y sometimiento de personas en situación de vulnerabilidad", afirmó.

El 2 de septiembre fue intervenido el anexo Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde detuvieron a Padrino Paye. El 8 de octubre hubo ocho cateos más.

En dos anexos de la avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, hallaron sustancias con características de estupefacientes, cuya situación jurídica se definirá.

Las personas con adicciones ingresaban con la promesa de tratamiento y algunas eran obligadas a vigilar a comerciantes y rivales, alertar de la presencia policial, cobrar préstamos con amenazas y exigir cuotas a comerciantes, vendedores semifijos y taxistas del Mercado de Abasto.

Un grupo de WhatsApp de 94 personas reveló los vínculos entre "padrinos", líderes de zona y cobradores, en una estructura con cúpula, mandos intermedios y células operativas.

Responsables de centros prestaban entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios que los colocaban entre pequeños comerciantes y cobraban con violencia.

Las ganancias se estiman en unos 20 millones de pesos mensuales.

La FGEO ubica operaciones en el Centro Histórico, el Mercado de Abasto y las colonias Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores, además de Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Guadalupe Hidalgo, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Mitla.

Seguimos trabajando. De las intervenciones surge nueva información que nos permite avanzar", dijo Rodríguez Alamilla.

Participan la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de reducir homicidios, combatir la extorsión y recuperar los espacios públicos.

Lo anexaron y terminó preso

Jocsan Isaac, de 25 años, fue internado por su familia en la Clínica Luz y Vida para rehabilitarse de las adicciones, pero terminó preso, acusado de lesiones graves, privación ilegal de la libertad y daños.

La clínica no tiene reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y, de acuerdo con las denuncias, sus dueños aprovechan a los internos para que recojan por la fuerza a otras personas que sus familiares quieren anexar.

Sin autorización de sus padres, Jocsan fue sacado del centro donde su familia pagó por su rehabilitación y lo hicieron viajar más de 300 kilómetros para recoger a otro adicto.

Este opuso resistencia y fue sometido por la fuerza, lo que desató una persecución y un choque.

La Fiscalía de Sonora lo detuvo en Cananea. Resultó absuelto al comprobarse cómo ocurrieron los hechos.

La abogada penalista Patricia López, quien llevó el caso, denunció que en Hermosillo hay varios "centros de rehabilitación" en casas de interés social, donde viven en condiciones de hacinamiento y maltrato.

Hay un anexo donde hubo denuncias de abuso sexual: el encargado los desnudaba y fotografiaba para extorsionarlos, les daban comida podrida, los amenazaban con no revelar detalles a las familias, porque todo el dinero que los padres pagan es para el dueño. Como no hay regulación, no hay resultados, y eso está pasando en diversos centros en todo el país", afirmó.

Excélsior platicó con al menos cuatro mujeres que continúan en rehabilitación, principalmente por consumo de drogas duras como cristal, heroína y fentanilo.

Todas refirieron haber sido acosadas o abusadas sexualmente por quienes debieron cuidarlas o por otros compañeros, y también violencia.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Conasama insisten en que las familias verifiquen las certificaciones de cualquier centro antes de un ingreso, pues la línea entre un espacio de ayuda mutua y una red ilegal es "sumamente delgada" en el país.