Amparan a familia o’dami para realizar los rituales mortuorios de su hijo
La víctima murió en un campo agrícola de Sinaloa y fue enterrado sin que sus familiares pudieran despedirlo conforme a sus tradiciones
La muerte de un adolescente indígena de 15 años, cuyo cuerpo fue entregado a una persona ajena a su familia y sepultado sin autorización de su madre, derivó en una sentencia judicial que obliga a las autoridades de Sinaloa a garantizar el respeto a los derechos culturales y funerarios del pueblo Tepehuano del Norte (O’dami).
El menor falleció en abril de 2026, mientras trabajaba junto con su hermano en un campo agrícola de Los Mochis, Sinaloa. Sin embargo, las autoridades no notificaron oficialmente a su madre sobre el deceso, tampoco le permitieron reconocer los restos ni intervenir en las decisiones relacionadas con su sepultura.
Esta situación impidió que la familia realizara las ceremonias mortuorias establecidas por sus costumbres ancestrales, consideradas fundamentales dentro de la identidad cultural y espiritual de su comunidad.
Ante las irregularidades, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), mediante su delegación en Chihuahua, asumió la representación jurídica de la madre y promovió el juicio de amparo indirecto 1569/2026.
Durante el procedimiento, se documentaron posibles violaciones a la libertad de creencias, los derechos culturales, la dignidad del fallecido y el derecho de sus familiares a conocer las circunstancias de su muerte.
La defensa también incorporó un dictamen especializado en antropología social, elaborado con apoyo de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, para explicar la relevancia de los rituales funerarios o’dami y las consecuencias que genera su interrupción.
El 5 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito en Chihuahua concedió el amparo y ordenó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizar las gestiones necesarias para trasladar el cuerpo del adolescente a su comunidad de origen, donde finalmente podrá recibir las ceremonias tradicionales.
La resolución también establece que las autoridades deberán investigar de manera efectiva las circunstancias del fallecimiento, garantizar comunicación con la madre en su lengua indígena y efectuar el registro correspondiente para expedir el acta de defunción.
Con esta sentencia, la justicia federal reconoció que las prácticas espirituales y funerarias de los pueblos originarios forman parte de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados por las instituciones encargadas de procurar justicia.