El problema del INE va mucho más allá de Guadalupe Taddei. Las irregularidades de su presidencia son apenas una parte de una crisis institucional que alcanza al conjunto del Consejo General, integrado por perfiles cuyos antecedentes y vínculos con Morena comprometen la independencia que debería distinguir a la autoridad electoral. Lo que está en juego no es la permanencia de una presidenta ni el futuro de unos cuantos consejeros: es la certeza del voto de millones de ciudadanos. México necesita un árbitro autónomo, imparcial y ajeno a los intereses del poder, no una institución cuya credibilidad quede comprometida por sus relaciones políticas.
Los antecedentes no son ningún secreto. Arturo Manuel Chávez López dirigió Talleres Gráficos de México, ocupó cargos en el gobierno federal y reconoció haber coordinado actividades de Morena en la alcaldía Tlalpan durante la campaña de López Obrador en 2012. Jorge Montaño Ventura arrastra cuestionamientos por su cercanía con el gobernador Javier May, así como con Adán Augusto López; durante el informe de May se le vio muy contento aplaudiendo. Frida Denisse Gómez Puga pasó de 2021 a 2025 por el Congreso de Tamaulipas, en pleno predominio morenista, antes de encabezar el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral local. Carla Humphrey, por su parte, está casada con el virtual aspirante de Morena a la gubernatura de Querétaro. Lo que más sorprende es que ningún consejero se haya dado cuenta del tamaño de corrupción que había en su casa o todos se hicieron de la vista gorda.
Nada de esto es casual; algunos de estos nombramientos se alcanzaron con las mayorías de Morena y sus aliados, que convirtieron el Poder Legislativo en una oficialía de partes, así como en una oficina de colocación. Que el trámite fuera legal no vuelve independiente a nadie: la legalidad de una designación no otorga prestigio ni autoridad moral. La pregunta no es si cumplieron el procedimiento, sino a quién le deben el lugar. A ello se suma el episodio de las boletas planchadas. Cuando un árbitro pide fe ciega sobre sus procedimientos en lugar de ofrecer explicaciones, criterios jurídicos y transparencia, no resuelve las dudas: las alimenta. Mientras no haya respuestas, la sospecha no es una calumnia de la oposición, es la consecuencia lógica de la opacidad.
El entorno de la propia Guadalupe Taddei es igual de elocuente. Su primo Jorge Luis Taddei Bringas fue delegado de programas federales en Sonora; su sobrino Pablo Daniel Taddei encabezó la empresa pública descentralizada Litio para México; su sobrina Ivana Taddei fue diputada local de Morena; su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario particular del gobernador de Sonora, entre otros. Con ese mapa familiar, lo mínimo eran controles estrictos contra conflictos de interés. La imparcialidad no se jura en un comunicado: se acredita con garantías verificables.
No basta con señalar a la presidencia mientras se ignora al resto del consejo. De cara a 2027, revisar su integración, sus trayectorias, sus conflictos de interés y sus decisiones no es una ocurrencia, es una urgencia. México necesita consejeros que no deban su lugar a compromisos políticos, sin lealtades con el gobierno en turno y con libertad real frente a cualquier partido. Cada día sin esa revisión, lo paga el votante.
Morena ha usado su mayoría para colocar perfiles afines en cada espacio estratégico del Estado. El INE no puede ser la siguiente pieza de esa colección. Cuando el partido en el poder también influye en quién cuenta los votos, la competencia deja de ser pareja. La democracia no admite árbitros comprometidos con quienes compiten por el poder.
El INE no pertenece a Morena ni a Guadalupe Taddei ni a los consejeros que hoy ocupan sus oficinas. Pertenece a los ciudadanos.
Y si quienes deben proteger el voto terminan siendo parte de una red de relaciones que compromete su autonomía, corregirlo no es opcional: es inaplazable.