Una nueva oportunidad

Cecilia Soto

Cecilia Soto

Editorial

Pocas veces la vida o la historia ofrecen una segunda oportunidad para reparar un daño profundo realizado a quien se ama, ya sea una persona o al país del que uno se considera integrante. La celebración de las próximas elecciones intermedias en junio de 2027 ofrece a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  la oportunidad de sanar la herida profunda que causaron las decisiones tomadas por el primero y ratificadas por el segundo en el proceso electoral que culminó en la elección de junio de 2024 para otorgar a la coalición oficialista una sobrerrepresentación excesiva —obscena— en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta herida enfrenta a mexicanos y mexicanas de forma que parece irreconciliable, creando las circunstancias para una fractura de consecuencias impensables. Nosotros en la oposición y en particular en el nuevo partido Somos creemos en un México diverso, plural, idealmente con una democracia potente, ruidosa y hasta estridente, pero uno en el que la Constitución todavía pueda ser punto de acuerdo y convergencia para resolver diferencias. Porque queremos resolverlas.

En los próximos días o semanas, el Consejo General del INE decidirá los lineamientos para otorgar las curules de representación proporcional a los partidos que participemos en la contienda, según la votación obtenida. Se han escrito cientos de ensayos y artículos respecto a los debates que antecedieron y siguieron a las decisiones del 7 de diciembre de 2023, cuando el Consejo General adoptó los lineamientos para la asignación de diputaciones plurinominales y de agosto de 2024, cuando el TEPJF desechó 8,460 juicios para la protección de los derechos políticos por considerar que los ciudadanos y ciudadanas que los interpusieron carecían de interés legítimo (por no ser partidos políticos), desechó dos amicus curiae y ratificó la asignación de curules de representación proporcional, RP, que le dio a la coalición gobiernista 72.8% de las curules, a pesar de haber sólo ganado 54.7% del voto para elegir legisladores federales.

Repito, ha corrido mucha tinta y correrá más respecto a los argumentos jurídicos involucrados. De hecho, hay ya demandas interpuestas ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por ciudadanos y organismos agraviados por las decisiones tomadas por el INE y el TEPJF. Pero, más que argumentos de una y otra parte, que sólo pueden entender a fondo los especialistas, las decisiones tomadas se tradujeron en personas que pudieron acceder a la Cámara de Diputadas y personas que fueron excluidas. Pero no cualquier tipo de personas: candidatos y candidatas que recibieron un mandato de representación a través de los votos que recibieron y que no pudieron ejercer.

Me he referido a una segunda oportunidad para los integrantes antiguos del Consejo General del INE y una primera para los y las recién llegadas, para que examinen cuidadosamente las consecuencias de los criterios por los que votaron mayoritariamente. Quizá no los imaginaron así. Quizá pensaron que “la ley es la ley” y que si ésta lleva a una terrible injusticia es culpa de la ley y de los legisladores que la aprobaron y no de ellos. Quiero pensar que ninguno y ninguna quiso hacerle un daño a México y por eso creo que una segunda oportunidad puede abrir una vía de reconciliación entre las y los mexicanos.

Las decisiones tomadas, en especial en agosto de 2024, trastocaron groseramente la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas. Los electores le dieron a Acción Nacional el segundo lugar en votación y al Partido Verde el quinto lugar, pero con los criterios tomados, el PV tiene la segunda mayor bancada y el PAN la tercera. Es decir, con la mitad de los votos del PAN, el PV es la segunda fuerza. El PT, con la sexta votación, tiene la cuarta bancada. Y MC, con el mayor crecimiento electoral, tiene la última bancada. Doce millones de electores, 20% que regalaron al oficialismo, quedaron sin representación en la Cámara de Diputados. Con 73% obtenido ilegítimamente, se le niega a la oposición el derecho a acudir a la acción de inconstitucionalidad que requiere reunir las firmas de, por lo menos, un tercio de la cámara: la indefensión total. Este resultado viola el principio un voto/un ciudadano. Mientras que los partidos gobiernistas necesitaron 100 mil votos por curul, las diputaciones de MC requirieron 270,000 votos cada una. 

Vamos a imaginar que aún enfrentados con los números groseros resultado de sus decisiones, consejeros y consejeras, magistrados y magistradas pensaron que el oficialismo haría buen uso de lo ganado legítimamente y de lo robado. ¿Pero ha sido así? ¿O se han impuesto a rajatabla, sin cambiar una coma, reformas constitucionales que han hecho irreconocible el documento que desde 1917 había sido punto de unión de los y las mexicanas? ¿Será que sólo 54% son verdaderos mexicanos y el resto somos parias?