La imparcialidad de las elecciones de 2027 se pone a prueba desde ahora en San Lázaro. Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre, con el proceso electoral en marcha. Desde entonces, el INE opera con una presidencia provisional y la Cámara de Diputados sigue sin convocar al relevo. La demora prolonga la incertidumbre sobre quién encabezará el instituto y deja abierta una pregunta de fondo. ¿Qué independencia tendrá quien deba aplicar las reglas a la misma fuerza política que tiene los votos para nombrarla?
Cuatro expresidentes del IFE y del INE, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, presentaron un pronunciamiento suscrito por 20 exconsejeras y exconsejeros. Su diagnóstico es severo. Los testimonios y las evidencias que apuntan a presuntos actos de corrupción en la alta dirección han golpeado al instituto en el centro de su función. La autoridad encargada de garantizar que todos compitan bajo las mismas reglas debe recuperar la confianza pública al mismo tiempo que organiza la elección.
Mientras Ignacio Mier sostiene que el nombramiento puede esperar, Ricardo Monreal ofrece buscar un acuerdo con las demás bancadas. Esa oferta debe juzgarse a la luz de cómo Morena y sus aliados han usado su ilegítima supermayoría. La desaparición de organismos autónomos revela el rumbo que han elegido. Han debilitado los contrapesos y concentrado poder en torno al Ejecutivo. Ese antecedente le da a la sociedad razones para exigir garantías verificables de que el INE podrá actuar con independencia frente al oficialismo.
La presidenta provisional, Blanca Cruz, ha afirmado que los preparativos para junio de 2027 siguen adelante. El INE debe instalar casillas, capacitar a quienes recibirán y contarán los votos y coordinar los cómputos. A los diputados les corresponde decidir quién conducirá el Consejo General cuando éste deba resolver controversias que afecten a quienes hicieron el nombramiento. Si la Cámara mantiene el proceso en la opacidad, la elección llegará a las urnas con la sospecha.
Los exconsejeros pidieron iniciar cuanto antes la designación, con estricto apego a la Constitución y con criterios de conocimiento, capacidad y competencia. También pidieron que la próxima presidenta inspire confianza entre todas las fuerzas políticas. La cámara puede demostrar que se toma en serio ese llamado si publica el calendario, explica cómo evaluará a las aspirantes y hace públicas las razones de su decisión. La ciudadanía tiene derecho a conocer la trayectoria y los vínculos de las candidatas, así como a escuchar cómo actuarían ante presiones de quienes las propongan.
También plantearon alcanzar acuerdos para una nueva integración del Consejo General, pero se les olvida que la palabra diálogo no existe para el oficialismo. Monreal ha hablado de devolver al órgano colegiado decisiones hoy concentradas en la presidencia. Ahí hay una discusión concreta. ¿Qué nombramientos deberían someterse al pleno y qué decisiones administrativas tendría que supervisar el consejo?
Queda, además, el esclarecimiento de los señalamientos sobre las contrataciones durante la gestión de Taddei. La corrupción ha marcado el desempeño de altos funcionarios de Morena. Las irregularidades que se acrediten deben sancionarse con todo el rigor de la ley. La rendición de cuentas por lo ocurrido es parte de la recuperación de la credibilidad que reclaman los mexicanos. Pero sólo ha habido complicidad y encubrimiento.
En 2027, los mexicanos deben confiar en que su voto valdrá igual gane quien gane. Morena y sus aliados tienen la responsabilidad de abrir un procedimiento público; la oposición, de exigir garantías verificables. Quien presida el INE deberá demostrar independencia cuando una decisión incomode al poder.
De no ser así, regresaremos a las peores épocas del fraude electoral y a las protestas en las plazas públicas.
