Por Carlos Martínez Velázquez*
El IMSS publicó el pasado 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación nuevas reglas para la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, conocida como Modalidad 40. Desde ayer, quien se inscriba podrá cotizar como máximo con su último salario registrado más una UMA, en lugar del tope anterior de 25, y ya no podrá cubrir con pagos retroactivos los periodos en que no cotizó.
El anuncio abrió un debate en el que algunas voces han generado alarma sobre las finanzas públicas con información imprecisa. Creo que los límites a la Modalidad 40 son un paso correcto dentro del rediseño del sistema de pensiones que comenzó en 2018.
Hoy conviven dos regímenes. La Ley de 1973 otorga una pensión de beneficio definido con apenas 500 semanas de cotización, calculada con el salario promedio de los últimos cinco años y financiada prácticamente en su totalidad con recursos públicos; en la Ley de 1997, cada trabajador acumula su ahorro en una cuenta individual, y la versión original exigía 1,250 semanas para alcanzar una pensión. Adicionalmente, existe la pensión universal para personas mayores de 65 años, que establece un piso de ingreso sin importar la condición laboral.
Tuve la oportunidad de participar en las reformas de pensiones de 2020 y 2024, que mejoraron la expectativa de pensión de la generación afore. La de 2020 redujo de forma gradual las semanas requeridas hasta 1,000 en 2031 (este año son 875), lo que permitirá que alrededor de 3.7 millones de trabajadores adicionales alcancen una pensión, y elevará la aportación a la cuenta individual de 6.5% a 15% del salario en 2030. La de 2024, creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementa la pensión de quien se retira a los 65 años o más hasta alcanzar 100% de su último salario, con un tope equivalente al salario promedio de los cotizantes del IMSS.
Cerca de la mitad de los futuros pensionados de la generación afore recibirá este complemento, y un trabajador de bajos ingresos podrá percibir en el retiro, junto con la pensión universal, un ingreso incluso mayor al que tenía en activo.
La Ley de 1973 sigue siendo el régimen por el que hoy se jubila la mayoría. En 2023, el IMSS otorgó cerca de 270 mil pensiones de retiro bajo esa ley, frente a unas 19 mil bajo la de 1997, y el gasto anual, de 523 mil millones de pesos, podría casi duplicarse en términos reales hacia 2040. Ese costo se distribuye de forma regresiva, pues los pensionados con salarios superiores a 15 UMA representan menos de una décima parte del total y reciben cerca de un tercio de los subsidios.
Dentro de este esquema operaba la Modalidad 40. Quien hubiera cotizado al menos un año en los cinco previos a su baja podía pagar por su cuenta cuotas sobre 25 UMA durante los años previos al retiro y obtener una pensión que no correspondía con su trayectoria salarial, cuyo costo lo absorbía el Estado. Alrededor de esta posibilidad surgió un mercado de intermediarios que financiaba las cuotas a cambio de flujos futuros cuyo valor presente superaba lo pagado al IMSS.
La presión también alcanzaba al nuevo régimen, porque un trabajador de la generación afore que eleva su salario de cotización al final de su vida laboral aumenta el complemento que paga el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El reciente acuerdo conserva las semanas ya cotizadas, respeta las condiciones de quienes ya estaban inscritos y otorga al IMSS seis meses para evaluar sus efectos financieros.
Creo que esa evaluación abre la oportunidad de avanzar en tres frentes. El primero es hacer público cuántas personas usan la Modalidad 40 y cuánto cuesta; el segundo, atender la brecha de cobertura, pues sólo 56% de los trabajadores de la generación afore que se retiren obtendrá una pensión, frente a 71% de la generación de transición; el tercero, permitir que quienes no alcancen las semanas conviertan su saldo en una renta vitalicia. El objetivo debe seguir siendo respetar los derechos laborales y mejorar, en la medida de lo posible, las pensiones de quienes tienen derecho a ellas.
*Analista