La credibilidad no es un insumo que se pueda comprar por licitación ni un recurso público que se triangule en los pasillos de un organismo electoral. La confianza ciudadana se construye con años de apego a la ley, certeza y absoluta transparencia. Pero bastan un puñado de contratos sospechosos, empresas recién inscritas en el padrón de proveedores y excolaboradores convertidos en apoderados legales para derrumbar esa fe en un par de sesiones del Consejo General.
¿Cuánto daño le hace a la democracia mexicana que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) esté bajo el ojo de la sospecha por presuntos conflictos de interés? Daña hasta la médula e invalida su voz como árbitro imparcial, justo cuando el país necesita certezas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el INE, en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y en empresas privadas. El expediente habla explícitamente de “elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.
El origen del entuerto pone a prueba la lógica más elemental. Se trata de contrataciones asignadas a firmas como Corporativo ZEG y Cajas Graf por más de 197 millones de pesos, mediante adjudicación directa para producir mamparas y urnas, luego de que casualmente se declarara desierta la licitación. Empresas que, por cierto, ya contaban con expedientes previos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una investigación en la Cofece por prácticas monopólicas.
Pero el detalle que raya en la ironía institucional ocurrió en la mesa del Consejo General, donde se ventiló que el apoderado legal de una de esas firmas beneficiadas era, ni más ni menos, que un integrante de la nómina del INE, asignado a la presidencia del organismo. Frente a las exigencias de los partidos políticos para aclarar la situación o solicitar una separación del cargo mientras se desahogan las pesquisas, hubo malabares.
La respuesta institucional de la presidenta Guadalupe Taddei fue desmarcarse con una frase que ya queda para el anecdotario burocrático: “Jamás fue mi chofer; está exactamente adjudicado a presidencia, pero nunca ha sido, ni fue, ni será mi chofer”.
El argumento es casi conmovedor. Las licitaciones corresponden a las áreas técnicas, las firmas son de excolaboradores que ya no laboran en el instituto y sus declaraciones patrimoniales decían —bajo protesta de decir verdad— que no tenían conflictos de interés. Es decir, la culpa es del trámite, de la firma individual, del papel firmado, no de Taddei.
El mensaje que se emite desde la Presidencia del INE apela a que la institución es “mucho más grande que cualquier persona” y que el trabajo electoral no se detiene ante la crítica. Sin duda, el INE es una obra colectiva de la ciudadanía, construida a lo largo de décadas por demócratas, miles de capacitadores, funcionarios de casilla y votantes que defienden la validez del sufragio. Precisamente por esa razón, la institución merece liderazgos que no requieran blindajes verbales ni deslindes de escritorio.
Cuando la figura que encabeza el órgano electoral queda atrapada en el centro de señalamientos de opacidad y mal manejo presupuestal, el impacto no se queda entre las cuatro paredes del salón de sesiones en Tlalpan. Se traslada directamente a todos los procesos y tareas que realiza el INE hasta llegar a las urnas.
¿Con qué autoridad moral se les pedirá a los partidos políticos que transparenten sus gastos de campaña, que depuren y verifiquen sus padrones de militantes, que no postulen candidatos con señalamientos de corrupción, deudores alimentarios, violentos, ligados al crimen organizado, o que acepten un resultado apretado cuando quien valida el proceso arrastra expedientes abiertos en la ASF y la UIF?
¿Con qué cara se presentará ante el ciudadano que le entregó –con fe ciega– todos sus datos personales para obtener su credencial de elector, que además usa como identificación?
México ha pagado un precio muy alto por la pérdida de confianza en las instituciones democráticas; la certeza electoral costó luchas sociales, reformas complejas y miles de millones de pesos del erario. Minimizar las denuncias sobre contrataciones irregulares catalogándolas como simples ataques políticos o “campañas” es ignorar la gravedad del problema.
La rendición de cuentas no es una concesión ni un favor que la autoridad le hace a la sociedad, es una obligación constitucional. Si el INE pretende conservar la confianza de los mexicanos, no basta con apelar a la grandeza de su historia, lo que se exige son respuestas claras, deslindes reales con consecuencias legales y una transparencia que no deje espacio a la duda. El árbitro electoral no puede estar bajo sospecha.