El timón del INE en plena tormenta

No se asuste querido lector, el Instituto Nacional Electoral no es un barco a la deriva, pero quienes debieran trazar el rumbo desde el Congreso parecen empeñados en dejarlo sin capitán en medio del temporal. 

El 26 de noviembre se cumplirá un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei —luego de que se conocieran sus redes de poder, prácticas corruptas en la asignación de contratos e irregularidades en el ejercicio presupuestal—, y la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados sigue sin lograr los consensos para emitir la convocatoria y elegir a quien presidirá el árbitro electoral hasta 2032. Mientras tanto, el reloj avanza y la democracia mexicana queda atrapada entre el cálculo partidista y la parálisis legislativa.

La situación se analizó con bisturí en el conversatorio Después de Taddei: la crisis del INE y el futuro de la autoridad electoral, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por María Marván y Guadalupe Salmorán, con la participación de la politóloga Karolina Gilas y la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, entre otros académicos.

Ahí se planteó que el problema no se resuelve sólo con cambiar de persona en la silla principal del Consejo General. Karolina Gilas recordó la metáfora de Karl Popper que compara a las instituciones con barcos que deben estar bien diseñados y bien tripulados, y es que el origen de la crisis actual se remonta a la reforma de 2014, cuando los legisladores concentraron facultades en la presidencia del INE para nombrar de manera unilateral a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas.

Ese diseño convirtió la presidencia del Consejo en una monarquía interna. Al anular los contrapesos colegiados, se abrió la puerta a la opacidad en el manejo del presupuesto, a la formación de redes de lealtades y a una actuación tardía del Órgano Interno de Control. El resultado visto hasta ahora ha sido la crisis de credibilidad y la renuncia de cerca de 60 personas, entre mandos directivos y personal operativo, además de investigaciones abiertas por presuntas tramas de corrupción.

Gilas describe una crisis en tres dimensiones: de conducción, por el ejercicio unilateral y concentración de facultades en el consejero o consejera presidente; administrativa, por las fallas en el control del gasto e irregularidades en contrataciones; y de credibilidad, porque el desgaste amenaza con arrastrar a todo el sistema electoral.

El proceso electoral inició el pasado 10 de septiembre y el tiempo corre en contra. ¿Qué conviene más al país? ¿El rigor jurídico frente al pragmatismo institucional? ¿Los consensos políticos o la descalificación interminable entre oficialistas y oposición? 

Por un lado, María del Carmen Alanís advierte que normalizar el cargo provisional de Blanca Cruz García como la encargada de sostener el timón de manera interina resulta un riesgo mayor, porque el Congreso no puede eludir su mandato constitucional. Además, una cosa es que el servicio profesional electoral —construido durante más de tres décadas— mantenga la capacidad técnica para instalar casillas y contar votos, y otra muy distinta es que el INE llegue a los comicios de 2027 sin la autoridad política ni la legitimidad necesarias para sostener decisiones frente a los partidos y el gobierno.

Por otro lado, Karolina Gilas plantea un límite de racionalidad. Si los diputados no logran un acuerdo antes de mediados de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, imponer a una nueva presidencia a la mitad de un proceso electoral en marcha podría provocar un desajuste operativo que sería peor que mantener el interinato. Cambiar de capitán en el ojo del huracán nunca es buena idea, y menos si el relevo surge de una imposición o de una tómbola.

En San Lázaro, los partidos juegan por sus propios intereses —como siempre—, mientras el PAN presentó una propuesta de ocho puntos para integrar un Comité Técnico de Evaluación con reglas claras, el PRI plantea condiciones fuera de lugar al exigir una reforma del Estado y la renovación de todo el Consejo General, mientras que Morena juega a patear el balón para imponer su mayoría.

Pero el verdadero riesgo trasciende la oficina de Viaducto Tlalpan. La Presidenta de la República ya anunció una reforma electoral para después de las elecciones de 2027 y culpó a la oposición de sembrar la idea de que la credibilidad y certeza del proceso están en riesgo. ¿Es una estrategia más para enterrar los escándalos administrativos en el instituto o la coartada ideal para justificar el desmantelamiento de la autonomía electoral?

Corregir las fallas administrativas y el diseño de 2014 es indispensable. Permitir que la crisis del árbitro sirva de pretexto para entregar el control de las elecciones al poder en turno sería un retroceso que los ciudadanos terminaríamos pagando en las urnas.