México ocupa el lugar 125 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project. En justicia penal cae al 139: apenas cuatro países quedan debajo. Es nuestra posición frente al mundo cuando se mide la capacidad institucional para proteger derechos, investigar delitos y poner límites a quienes gobiernan.
Dinamarca, Noruega y Finlandia encabezan la clasificación general. México está en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe y es penúltimo entre 44 economías de ingreso mediano alto. La comparación con países de recursos semejantes cuestiona la excusa de que todo se explica por falta de dinero. También cuenta cómo se ejerce el poder y quién puede exigirle cuentas.
Entre 2021 y 2026, la puntuación mexicana retrocedió 8.4 por ciento. Los ocho factores evaluados empeoraron. La justicia penal cayó 21.2%; los límites al poder gubernamental, 11.6 por ciento. El deterioro alcanza simultáneamente la capacidad de contener al gobernante y la posibilidad de encontrar justicia. Esa coincidencia merece más atención que cualquier celebración oficial de las reformas.
El desmantelamiento institucional ya ocurrió. El Inai desapareció y la garantía de acceso a la información de la administración pública federal quedó dentro del Ejecutivo. Otros reguladores perdieron su autonomía constitucional y sus funciones fueron trasladadas a estructuras gubernamentales. Se desciudadanizó la vigilancia del poder. La indefensión es el resultado, como antes: pedir cuentas supone ahora acudir a instancias que forman parte del gobierno al que se pretende revisar.
El Poder Judicial federal también fue sometido a un desmantelamiento de su estructura y de las garantías de la carrera judicial. Esa operación vulneró principios constitucionales y obligaciones internacionales de independencia judicial, que son patrimonio de los mexicanos. Cambiar la Constitución no elimina los compromisos de México con los derechos humanos. La CIDH advirtió sobre los riesgos del cese de personas juzgadoras y de una selección sujeta a consideraciones políticas. La mayoría legislativa no es una garantía de justicia.
Por ello, la agrupación 32 Circuitos, del PJF, debe aprender a legitimarse como un actor de peso que defienda la independencia judicial y los titulares deben voltear a verla.
Conviene precisar qué demuestra el índice. Sus resultados no permiten atribuir todo el retroceso a una sola reforma ni trasladar todas las responsabilidades a los tribunales. La justicia penal incluye policías, fiscalías y prisiones. Precisamente ahí aparece una contradicción del proyecto oficial: se concentró la transformación en sustituir juzgadores mientras la investigación criminal obtuvo apenas 0.17 sobre uno. Elegir jueces no produce pruebas ni integra expedientes.
Para una víctima, esa debilidad significa enfrentar un aparato con escasa capacidad para esclarecer lo ocurrido. Para quien sufre un abuso de autoridad, perder contrapesos reduce sus posibilidades de defenderse. Y para una familia que necesita cobrar una deuda o hacer cumplir un contrato, la justicia civil también ofrece un resultado desolador: México ocupa el puesto 135 de 143 países. La crisis institucional llega hasta la vida diaria.
El retroceso mundial existe. El WJP registra nueve años consecutivos en los que predominan los deterioros. Pero compartir una tendencia no absuelve a México ni vuelve inevitables sus decisiones. El gobierno eligió desaparecer controles y rediseñar la judicatura. Debe responder por los resultados, especialmente cuando prometió terminar con la corrupción.
Frente al mundo estamos entre los países donde la ley ofrece menos protección efectiva. Concentrar atribuciones permite al gobierno decidir con menos obstáculos; deja al ciudadano con menos defensas. La medida de una transformación democrática es cuánto protege a las personas, incluso frente a quienes ganaron las elecciones. En México, el poder acumuló facultades y el ciudadano perdió justicia.