El desgaste de la narrativa anticorrupción cerca al Palacio

El gobierno de Sheinbaum no encuentra cómo recoger el estandarte de la honestidad mientras se agota la estrategia de atribuir al pasado escándalos como el del INE. Los casos no han dañado su imagen de integridad, pero erosionan su discurso anticorrupción y cuestionan el compromiso con la transparencia.

Desde hace meses se espera una reforma anticorrupción, cada vez más ineludible si Morena quiere salir de la emergencia hacia la elección de 2027 antes de contaminar al Palacio. Al partido se le cae ese discurso por la acumulación de una docena de casos polémicos sin investigar, ni sanciones importantes. Cada mañana Sheinbaum lidia con denuncias mediáticas por huachicol fiscal, desfalcos en Segalmex, irregularidades en Birmex, acusaciones de EU contra narcopolíticos y corrupción en el INE en la gestión de una presidenta que respaldó Morena y aliados.

Las denuncias de tramas de Guadalupe Taddei con contratistas en el INE desmoronan la narrativa de integridad y urgen una reforma de fondo del sistema anticorrupción. La sucesión de casos comienza a cercar a la Presidenta, aunque las encuestas muestren una brecha entre su aprobación y la percepción de corrupción de los gobiernos morenistas.

Ese doble clima de opinión gana relevancia dado que combatir la corrupción fue la bandera moral fundacional de Morena. Hoy gobierna los nueve estados con mayor percepción de corrupción, encabezados por Zacatecas —85%—, Sinaloa y BCS. El promedio nacional ronda 75%.

La aprobación de Sheinbaum, cercana a 70%, muestra que hasta ahora ha separado su imagen de la corrupción del partido y otros funcionarios. Pero arriesga ser vista como una líder de buenas intenciones, sin determinación para combatirla. Su credibilidad dependerá de sus actos, no de sus declaraciones.

La voluntad política tiene que traducirse en algo más que giros al discurso. La crisis del INE reactivó la necesidad de una reforma que sostenga su promesa de tolerancia cero. El proyecto contemplaba cambios constitucionales y legales para reorganizar los órganos de transparencia y procuración de justicia, combatir el huachicol y factureras.

La iniciativa retomaría la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción para articular fiscalías, auditorías e instrumentos como la extinción de dominio, que poco han funcionado para frenar corruptelas estatales. No está claro que pueda aprobarse en el actual periodo ni si superaría la resistencia de aliados que rechazaron su ley contra el nepotismo electoral y de Morena a eliminar el fuero.

Con la reforma, Sheinbaum buscaría reafirmar su autoridad y evitar verse como escudo político de la impunidad. Pero su posición es delicada porque apostó por concentrar en el gobierno las atribuciones anticorrupción con la eliminación de los órganos autónomos de transparencia.

Detrás de la iniciativa, el debate revela el desgaste de sus estrategias para contener los daños de la emergencia. Culpar al pasado para proteger a figuras actuales o procesar a responsables secundarios ya no basta. La credibilidad exige esclarecer hechos y fincar responsabilidades sin excepciones partidistas.

Exigir pruebas ante denuncias mediáticas deja de funcionar si se percibe como encubrimiento. Cada caso pone a prueba la capacidad de Sheinbaum para investigar en sus filas. Justo de ahí viene su problema: grupos a su interior que piden endurecer el discurso obradorista con la justificación de no abrir flancos a ataques opositores.

El INE ilustra la contradicción. Fue bien recibida la exigencia de Sheinbaum de investigar y considerar responsabilidades penales de Taddei. Pero la campaña para desvincularla de Morena o responsabilizar a sus antecesores refuerza la posibilidad de que se imponga la posición elusiva del obradorismo de culpar al pasado, aunque a Sheinbaum le funciona cada vez menos que a López Obrador.

La estrategia de ampliar las acusaciones a otros presidentes del INE choca con la realidad, pero extiende el daño a la confianza en el árbitro electoral con la elección de 2027 en marcha.

La reforma puede devolver al gobierno la iniciativa política, pero se juzgará por sus resultados. La prueba será combatir la corrupción dentro de sus filas, no evadir con una vuelta en U al pasado.