México fue anfitrión del XV Congreso Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, el encuentro se realizó con representantes de 19 países de América Latina y Europa. En representación del secretario Omar Garcia Harfuch, inauguró el maestro Antonio de Jesús Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial.
Extorsión significa obligar a una persona mediante la fuerza, la violencia, la intimidación o amenazas a realizar, tolerar o dejar de hacer algo, generalmente a cambio de dinero o algún bien. Puede ejecutarse a distancia con pocos recursos, mediante amenazas que explotan el miedo de las personas. A las llamadas intimidatorias se agregan la suplantación de autoridades, el secuestro virtual y el cobro de piso. Comerciantes y empresarios pequeños, medianos y grandes sufren este delito que daña su patrimonio y puede elevar los precios. El consumidor termina pagando también. La extorsión funciona como un impuesto ilegal que pesa sobre los ciudadanos.
Diversidad de programas públicos se compartieron para eficientar las prácticas policiales, enriquecer experiencias y mejorar las capacidades estatales. Temas como el uso de la tecnología en las investigaciones, la inteligencia financiera y su desarticulación, la mutación del secuestro y la extorsión en sus distintas modalidades, desafíos en el combate a estos delitos, la asistencia a víctimas, la investigación cibernética, la cooperación internacional y la actualización de la normativa jurídica para perseguir a los autores de su realización.
Durante el congreso se expuso la evolución de las dinámicas criminales hacia modalidades indirectas. Esto obliga a precisar la anuencia de los jueces para ampliar las investigaciones y seguir las comunicaciones, identificar evidencias y reconstruir flujos de dinero. Capturar al ejecutor de una llamada resulta insuficiente si permanecen intactos quienes organizan el negocio, cobran las ganancias y, supuestamente, proporcionan protección.
Se mencionó la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas frente al uso criminal de la inteligencia artificial. La respuesta requiere personal capacitado, preservación de evidencia digital y colaboración con empresas. El acceso a información debe sujetarse a controles legales que protejan los derechos humanos y sostengan los casos ante tribunales.
También se destacó la necesidad de enfrentar la cifra negra de delitos que no se denuncian o no llegan a investigarse, por razones como el miedo a represalias. Pedir colaboración ciudadana obliga a garantizar confidencialidad, atención profesional y seguimiento. Cada denuncia abandonada deteriora la confianza y facilita la impunidad.
Se debe proporcionar protección integral de las víctimas frente a los daños psicológicos y sociales. La extorsión desde las cárceles merece toda la atención. Para impedirla, se debe investigar cómo opera, supervisar las comunicaciones conforme a la ley y sancionar las complicidades de quienes administran los centros de reclusión.
Se destacó la importancia de la comunicación directa entre autoridades. La confianza institucional debe facilitar respuestas rápidas, certeras y eficaces para resolver secuestros. Cuando las vidas están en peligro, los minutos son determinantes. Estos vínculos exigen responsabilidades y resultados verificables.
La SSPC informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se detuvo a 74 mil 33 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 37 mil 625 armas y 588.6 toneladas de droga, se desmantelaron 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración. La Marina aseguró más de 97 toneladas de cocaína en el mar. Contra la extorsión se reportaron 2 mil 395 detenidos del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026. Combatir estos delitos genera confianza ciudadana. ¿O no, estimado lector?
