México violento

En Una historia de la violencia, Robert Muchembled observa que la violencia y la brutalidad en las relaciones humanas han venido descendiendo espectacularmente en Europa occidental desde el siglo XIII hasta el día de hoy. Eso es innegable si excluimos los conflictos bélicos, sobre todo las dos guerras mundiales, y el genocidio nazi. En esa parte del mundo, por ejemplo, los homicidios dolosos se han reducido de una tasa altísima hace 800 años a una muy baja en la actualidad: menos de uno por cada 100,000 habitantes.

  Lamentablemente, nuestro país no ha seguido esa tendencia. Desde que es un país independiente, en México la violencia y la criminalidad han tenido muy elevada incidencia. La Revolución iniciada en 1910 provocó una reducción de la población de más de 800,000 habitantes debido a las balas, la hambruna, las enfermedades no atendidas, la epidemia de influenza y la emigración de las familias que huyeron a Estados Unidos. Uno de los héroes revolucionarios de la historia oficial, Pancho Villa, fue un violador y un asesino serial. La Guerra Cristera, que comenzó hace un siglo, redujo la población en un cuarto de millón de personas.

Uno de los legados de esas dos guerras fue la proliferación de las armas de fuego en manos de rancheros y habitantes de zonas rurales. Esas armas llegaron de contrabando, fueron compradas en Estados Unidos, se les sustrajeron a los soldados, se tenían ocultas en los ranchos o fueron robadas de haciendas y casas. Muchas de las riñas que anteriormente eran a puñetazos o con armas blancas se dirimieron a balazos. Campesinos armados que exigían tierras se enfrentaban a las guardias blancas de los terratenientes, pero también peleaban entre sí familias, pueblos e individuos por parcelas, recursos, límites difusos de terrenos o rencillas personales.

En las ciudades también mucha gente ha tenido acceso a las armas de fuego, y los robos y los homicidios han sido frecuentes. Nuestras policías y ministerios públicos nunca han tenido la formación, los recursos, el personal ni los incentivos suficientes para enfrentar con éxito la criminalidad. No son pocos los agentes policiacos y ministeriales que han sido cómplices, por acción u omisión, de los delincuentes. El resultado no podía ser otro que una impunidad escandalosa. Además, las fiscalías en muchos casos han formulado falsas acusaciones.

En varias ocasiones, movimientos sociales han sido reprimidos brutalmente. Las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 son ejemplos de represión criminal y absurda. Las guerrillas de los 60 y los 70 recurrieron al secuestro y los asesinatos de gente inocente, y también ejecutaron a compañeros por sospecha de traición o “desviaciones ideológicas”. El combate del Estado a las guerrillas incluyó tortura, homicidios y desapariciones forzadas.

El secuestro se volvió un problema grave a finales del siglo XX. El narcotráfico, que empezó artesanal y ruralmente, ocasionó gran cantidad de muertes en las últimas décadas de ese siglo, y en el siglo actual disparó la tasa de homicidios. La delincuencia organizada no se ha limitado al tráfico de drogas: también ha incursionado en el secuestro, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos alcanzaron el récord de más de 200,000. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, presume que esa cantidad ha bajado, pero, por una parte, las cifras del Inegi desmienten sus datos y, por otra, las desapariciones forzadas, cerca de 30 al día durante este gobierno, en casi su totalidad son homicidios dolosos en los que no se ha localizado el cuerpo de la víctima. Si sumamos esas desapariciones a la estadística de homicidios dolosos, la incidencia de éstos es de más de 30 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Cientos de miles de personas se han visto obligados a huir de su hogar por la violencia criminal.

Muchas mujeres son víctimas de violencia cotidiana en sus propias casas, en las calles, en su lugar de trabajo y en el transporte público. Alrededor de 10 desaparecen o son asesinadas cada día.

La posibilidad de que un delito sea sancionado —estima Impunidad Cero— es menor a uno por ciento. De 143 países examinados, México se ubica en el lugar 125 en Estado de derecho y en el 139 en justicia penal, de acuerdo con el estudio del World Justice Project 2026. Somos un país acosado por la violencia y los violentos casi siempre quedan impunes.