La puerta giratoria del árbitro electoral

Un nuevo giro en los contratos irregulares que se han celebrado en las últimas administraciones de la autoridad electoral: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona, un funcionario del Instituto Federal Electoral (IFE) –y después del Instituto Nacional Electoral (INE)– cuya participación fue clave en el enriquecimiento de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Cuervo Escalona ingresó al IFE en 2003, durante la gestión de Luis Carlos Ugalde como presidente del instituto; posteriormente, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, llegó a la Dirección de Coordinación y Análisis del INE y se convirtió en personal de confianza. Este personaje se habría desempeñado como intermediario comercial entre las empresas de los Hernández Casillas y los organismos públicos locales electorales, los OPLE, cuyos contratos ascienden a más de 2 mil 740 millones de pesos. La UIF, al identificar movimientos bancarios y operaciones en efectivo relacionadas con esta investigación, lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.

Las investigaciones apuntan a que el modus operandi de Cuervo Escalona inició en la definición de criterios para contratar proveedores de materiales electorales; es decir, que desde su dirección se determinaban qué características debían cumplir las urnas o las mamparas, por ejemplo, y a partir de ello decidir a qué proveedor contratar. Esas especificaciones, señalan, habrían beneficiado a las empresas de los hermanos Hernández Casillas.

Sin embargo, lo más alarmante es que Cuervo, siendo funcionario del INE, fungió como apoderado legal de Corporativo ZEG, S.A. de C.V. y de Cajas Graf, S.A. de C.V., como consta en los instrumentos notariales inscritos en el Registro Público de Comercio en 2020 y 2023. Ambas empresas están ligadas a los hermanos Hernández Casillas. Apenas en 2024, el exfuncionario del INE participó en una licitación de materiales electorales en Zacatecas en representación de Corporativo ZEG. ¿No es un evidente conflicto de interés que un director del INE sea simultáneamente apoderado de una empresa contratista del INE? La respuesta es clara. ¿Sabía Lorenzo Córdova de los vínculos entre uno de sus directores y las empresas contratadas durante su presidencia? Esperemos pronto tener una aclaración al respecto del ahora dirigente del partido Somos.

El año pasado, Cuervo Escalona ya se presentaba como “consultor independiente”, de acuerdo con un foro organizado por el Instituto Electoral de Coahuila el 14 de noviembre de 2025 sobre Personas LGBTQ+ en el servicio público, pero ¿cómo se le llama a quien deja una dirección en el instituto y se convierte en gestor de proveedores de materiales electorales?, ¿a quien desde el servicio público representa legalmente a las empresas esos proveedores?, ¿consultor independiente?

Conforme avanzan las investigaciones que desató el entramado de corrupción de Guadalupe Taddei, más se evidencia que éste no nació en 2023 con la llegada de la sonorense, sino que tenía décadas cimentándose en el instituto, al amparo del poder.

Mientras el árbitro electoral se presentaba como el máximo garante de la democracia y el respeto a la voluntad popular –a pesar de haber tolerado prácticas antidemocráticas y hasta un fraude electoral– en sus sótanos operaba una puerta giratoria que premió la lealtad y la complicidad por encima de la honestidad, indispensable en el servicio público. El caso de Juan Carlos Cuervo Escalona evidencia que la fiscalización interna fue una simulación durante décadas, y, sobre todo, que hubo quienes pretendieron utilizar el más reciente escándalo para barrer bajo la alfombra su propia responsabilidad en el saqueo a la institución. ¿De verdad nunca lo notaron Ugalde, Valdés Zurita y Córdova?