La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puede considerarse el cierre de un capítulo. Por el contrario, deja abierta una investigación que deberá llegar hasta sus últimas consecuencias para determinar todas las irregularidades en el manejo de recursos públicos, conflictos de interés, colusión o triangulación de recursos dentro del organismo electoral. La Auditoría Superior de la Federación confirmó que abrió una investigación de oficio a partir de indicios relacionados con diversos contratos y operaciones realizadas durante la administración de Taddei.
El asunto reviste una gravedad particular porque el INE no es una dependencia administrativa cualquiera. Es el organismo encargado de organizar las elecciones federales y una de las instituciones fundamentales para garantizar certeza, legalidad e imparcialidad en los procesos democráticos. Por esa razón, cualquier señalamiento relacionado con el uso de recursos públicos, la contratación de proveedores o posibles conflictos de interés debe ser investigado con absoluta transparencia.
Los señalamientos conocidos públicamente involucran contratos millonarios, posibles vínculos entre proveedores y personas relacionadas con funcionarios del instituto, así como operaciones cuya legalidad deberá ser determinada por las autoridades correspondientes. La existencia de una relación personal o profesional no demuestra por sí misma la comisión de una irregularidad, pero sí puede justificar una revisión cuando existen contrataciones públicas de por medio. Corresponde a la ASF y, en su caso, a las autoridades competentes establecer si existieron responsabilidades, así como la investigación ya debería estar a cargo de la Fiscalía General de la República.
La propia Taddei ha sostenido que no existe conflicto de interés y que las contrataciones del instituto cuentan con procedimientos y áreas especializadas. Esa posición debe contrastarse con los documentos y resultados de las investigaciones. En un organismo que administra miles de millones de pesos de recursos públicos, la confianza no puede depender únicamente de declaraciones de sus funcionarios.
El contexto político hace todavía más relevante este episodio. En marzo de 2023, cuando López Obrador defendió la llegada de Taddei a la presidencia del INE, la calificó públicamente como una mujer “honesta” e “íntegra”. Aquella defensa provenía del mismo movimiento político que durante años hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. Hoy, la investigación de la ASF obliga a revisar con rigor la actuación administrativa del organismo durante el periodo en que Taddei estuvo al frente. Esto significa que los señalamientos actuales permiten afirmar que Taddei sea responsable de algunos delitos o irregularidades. La contradicción política para Morena resulta evidente. Durante años, López Obrador sostuvo que la corrupción había sido combatida y llegó a afirmar: “Ya puedo decir que no hay corrupción tolerada en México”. Pero los años posteriores han estado marcados por investigaciones, auditorías y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en distintas instituciones, administraciones e incluso funcionarios públicos, legisladores, gobernadores y los propios hijos de López Obrador.
La salida de Taddei tampoco puede utilizarse como una forma de cerrar políticamente el expediente. Su renuncia a la presidencia del INE no elimina las decisiones administrativas tomadas durante su gestión ni impide que las autoridades revisen los contratos celebrados durante ese periodo. La rendición de cuentas no termina cuando un funcionario deja el cargo.
El problema de fondo es institucional. El INE necesita recuperar y preservar la confianza ciudadana no solamente como árbitro electoral, sino también como institución responsable del manejo de recursos públicos. Para ello, las investigaciones deben ser completas, independientes, transparentes y sus resultados deben hacerse públicos. Morena tampoco puede sostener un discurso de combate a la corrupción cuando los señalamientos alcanzan a instituciones y personajes que estuvieron políticamente vinculados con su proyecto. La exigencia de honestidad debe aplicarse sin excepciones.
La democracia mexicana requiere elecciones confiables, pero también instituciones sometidas permanentemente al escrutinio público. El INE tiene la obligación de garantizar la certeza de los procesos electorales; desafortunadamente, con todo esto que estamos viendo, sí Taddei torció contratos, hoy queda en duda de si torció el proceso electoral de 2024, si la supuesta “paliza” fue arreglada como arreglaba sus contratos.
La confianza en las instituciones no se recupera con discursos políticos ni con declaraciones de inocencia. Se recupera con transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades. En el caso del INE, la exigencia debe ser todavía mayor porque la institución que organiza las elecciones tiene también la obligación de demostrar que está a la altura de la confianza que los ciudadanos depositan en ella.
Toda mi solidaridad con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha dejado ver cómo el gobierno de Morena actúa de manera autoritaria y cómo, en lugar de buscar la unidad y el diálogo, lo único que hace es dividir a los mexicanos. A los panistas de Chihuahua les quiero decir que no deben dividirse. Hoy más que nunca hay que mantener la unidad.