El martes, en la sede neoyorquina de Naciones Unidas, la diplomacia mexicana encaró una de sus jornadas más complicadas. Juan Pablo Albán, el jurista ecuatoriano al frente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, compareció ante la Tercera Comisión de la Asamblea General y en ese marco se abordó la devastadora realidad humanitaria que aqueja a nuestro país.
El expediente mexicano llegó a esta instancia superior debido a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Dicho mecanismo, creado en 2006 e instrumentado por México desde 2010, concede la facultad de llevar ante la Asamblea General casos donde existan indicios claros de que la práctica del delito es sistemática o generalizada.
El comité ejerció esa vía inédita el 2 de abril pasado, marcando la primera ocasión en que se invoca el precepto legal. La determinación se fundamentó en los alarmantes informes sobre impunidad endémica, fosas clandestinas y complicidad u omisión de autoridades en el territorio nacional.
Frente a las valoraciones del experto sudamericano, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, argumentó la postura oficial. Si bien la delegación mexicana reiteró su rechazo formal a la aplicación del artículo 34, la voz de Medina lució un tono ligeramente menos confrontativo en comparación con los discursos iniciales del gobierno. La representación mexicana aseveró que el Estado no fomenta tales conductas ni tolera la impunidad, prefiriendo calificar la medida internacional como un desacierto interpretativo sobre la realidad interna. Además, alegó haber encontrado a 16 mil desparecidos.
Sin embargo, la objeción diplomática resulta inútil frente al engranaje multilateral. Corresponde a la Asamblea General elaborar un proyecto de resolución para definir la postura global y determinar las medidas a recomendar al gobierno mexicano.
Un eventual ofrecimiento internacional de cooperación no debería interpretarse como una afrenta a la soberanía, sino como un auxilio urgente. En el pasado, la propia Asamblea promovió órganos especializados para atender tragedias similares o menos graves numéricamente hablando. Por ejemplo, creó en 1981 el Comité sobre Personas Desaparecidas para Chipre, dedicado al esfuerzo de exhumar e identificar más de dos mil víctimas de los choques intercomunales ocurridos en ese territorio insular. Cuatro décadas después, instauró la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria, destinada a esclarecer el paradero de más de cien mil víctimas de la sangrienta guerra civil en ese país árabe. Ambas instancias han demostrado una valiosa efectividad técnica, devolviendo identidad a restos mortales y otorgando certeza a familias desgarradas.
Curiosamente, la jefatura de la entidad creada para el caso sirio recayó en la mexicana Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México. La especialista dimitió a su encargo en agosto de 2023 tras expresar serias discrepancias con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pretendía alterar el conteo de las personas desparecidas, algo que el actual gobierno insiste en hacer.
México votó a favor de las resoluciones destinadas a Chipre y Siria, impulsando el derecho a la verdad en el foro global. Sería un contrasentido que ahora las autoridades nacionales desprecien una asistencia similar cuando la crisis local rebasa las capacidades institucionales. El país acumula más de 70 mil cadáveres sin identificar apilados en morgues y fosas comunes. Todos los días brotan más entierros clandestinos y aparecen cuerpos o restos mutilados abandonados en calles o brechas.
Negar el abismo no borra la tragedia de las 130 mil personas ausentes, una cifra estremecedora de la que son parte alrededor de 20 mil expedientes acumulados en las carpetas del actual sexenio según los propios registros gubernamentales.
La administración federal debe abandonar la ceguera ideológica, asumir el tamaño del desastre y aceptar cualquier brazo que la comunidad internacional extienda para saldar la deuda histórica de la justicia y la verdad.