Ninguna ciudad importante de nuestro país con tarifas bajas de agua potable ofrece un buen servicio, y sería excepcional encontrar alguna a nivel mundial. Por diversas razones, esta situación afecta de mayor manera a la población más pobre y vulnerable, especialmente a quienes habitan en zonas periféricas o de mayor altitud, donde suele ser más difícil garantizar un suministro adecuado.
Comentamos en la columna anterior que, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, México no ha logrado invertir en el sector hídrico 0.5% del PIB que recomiendan los organismos internacionales como mínimo. Durante cuatro décadas, la inversión en infraestructura ha sido insuficiente y el rezago sigue creciendo.
Sin embargo, el problema no se limita a la falta de recursos fiscales de los tres órdenes de gobierno. Se agrava con una política malentendida de protección ciudadana: fijar tarifas de agua potable por debajo del costo del servicio.
Los organismos operadores necesitan ingresos para operar, dar mantenimiento y renovar las redes, pero enfrentan una contradicción: no se les autorizan tarifas que permitan prestar un buen servicio, pero tampoco se les asignan recursos fiscales para compensar la diferencia. El resultado son servicios hídricos deficientes.
EL DERECHO HUMANO AL AGUA
El primer argumento para mantener tarifas bajas es que, al tratarse de un derecho humano, deben evitarse cobros que afecten la economía familiar, especialmente la de los sectores más desprotegidos. Sin embargo, ese criterio es incorrecto. Según la ONU, los servicios de agua y saneamiento deben ser suficientes, salubres, aceptables, físicamente accesibles y económicamente asequibles.
La asequibilidad implica que los cobros por el suministro no comprometan la capacidad de los hogares para adquirir otros bienes esenciales. ¿Cuánto es razonable cobrar? La propia ONU plantea, como referencia, que el gasto en estos servicios no supere 3% de los ingresos del hogar.
¿A QUIÉN BENEFICIAN LAS TARIFAS BAJAS?
Para los sectores populares, una tarifa mensual equivalente a un día de salario mínimo —315.04 pesos— puede ser razonable para un consumo responsable, pero muy pocos organismos operadores cobran esa cantidad. Si algunos pueden hacerlo, ¿por qué otros no? Se argumenta que sería excesiva, pero cabe preguntar: ¿no conviene más pagar alrededor de 300 pesos por un buen servicio que sufrir un suministro irregular o de mala calidad y tener que comprar garrafones o contratar pipas, con gastos mucho mayores? ¿No estamos, en realidad, afectando así a las colonias populares?.
TARIFAS ADECUADAS Y SUBSIDIOS FOCALIZADOS
Necesitamos valorar los servicios de agua de calidad y fijar tarifas que permitan proporcionarlos. La situación nacional no es la mejor y tiende a complicarse: 67% del territorio, donde habita 77% de la población, se ubica en zonas áridas y semiáridas que, según los expertos, sufrirían las mayores afectaciones por el cambio climático. Es cierto que existen familias vulnerables que no podrían pagar una tarifa equivalente a un día de salario mínimo. Para ellas deben establecerse mecanismos específicos de subsidio, mediante un programa social financiado por los gobiernos federal, estatales o municipales. Lo que no resulta razonable es que, como ocurre hoy, el costo de esos apoyos se traduzca en menores ingresos para los organismos operadores que debilitan su capacidad para prestar un buen servicio.
Y no sería mala idea que, en lugar de diputados o gobernantes (que no alcanzan a ver el costo oculto de las bajas tarifas), fueran los usuarios quienes las autorizaran. A ellos no les temblaría la mano para aprobar el cobro de un servicio de calidad que quieren recibir.