Antier conversé en Ya Cierra, por Imagen Radio, con Alfonso Ramírez Cuéllar. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro no se anduvo con rodeos: el caso Taddei es una vergüenza nacional. Lo dice un diputado del partido cuyo fundador defendió en 2023 la honestidad de Guadalupe Taddei, y cuyo coordinador parlamentario todavía hace unos días aseguraba que le creía. Ese detalle importa. Cuando el reclamo sale de casa ya no se puede archivar como golpeteo opositor, que fue el argumento con el que Taddei intentó atrincherarse frente a sus consejeros antes de rendirse.
Ramírez Cuéllar lleva una semana repitiendo la misma idea: la renuncia no alcanza. Desde el 24 de octubre, cuando Taddei todavía juraba que no se iba, planteó el juicio político con base en los artículos 109 y 110 de la Constitución. Este viernes, en la comparecencia del contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, subió el tono. Pidió que la FGR abra una investigación de oficio y asegure bienes y cuentas de las empresas proveedoras, y dijo sin matices que la expresidenta del instituto debe ir a la cárcel. Habló de un “sistema de coyotaje electoral” armado a lo largo de varios años. Tiene razón. El problema es más viejo que Taddei.
Los números ayudan a dimensionarlo. La Auditoría Superior de la Federación acreditó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos con empresas de José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor que llevó a uno de los hijos de la consejera a una suite con vista a la Torre Eiffel. Una de sus firmas, Corporativo ZEG, con apenas cinco empleados registrados, obtuvo 184 millones. La red completa sumó 49 contratos entre 2018 y 2025 por más de mil 450 mdp en urnas, boletas y mamparas, lo que alcanza también los años de Lorenzo Córdova. Y el propio contralor habló este viernes de una presunta simulación de competencia en contratos por 2 mil 461 millones.
¿Qué tiene que pasar ahora? Para empezar, entender que la renuncia abre el expediente en lugar de cerrarlo. Taddei ya no tiene fuero, así que la FGR no necesita esperar ninguna declaración de procedencia en San Lázaro para actuar. Y el juicio político puede iniciarse hasta un año después de que un servidor público deja el cargo, de modo que la inhabilitación sigue sobre la mesa. Si en unos meses no hay carpeta ni bienes asegurados, será porque alguien decidió que no los hubiera. La segunda tarea luce menos y urge más. Ramírez Cuéllar insiste en que la revisión tiene que llegar a los 32 organismos públicos locales electorales, y un caso le da la razón: Comercializadora JVLY, otra empresa de los hermanos Hernández Casillas, firmó en 2024 un contrato por casi 130 mdp con el IIEP, que entonces presidía Blanca Cruz García, quien esta semana asumió la presidencia provisional del INE. No la acuso de nada. Digo que le debe al país una explicación sobre ese contrato antes de pedirnos confianza. Sus colegas en el Consejo General harían bien en exigírsela pronto.
El diputado trae además una propuesta que merece salir rápido de la congeladora. La llama Estrategia Nacional de Integridad Electoral e incluye un catálogo único de insumos, precios de referencia para comparar lo que pagan el INE y cada OPLE, un estudio de mercado a cargo de la autoridad de competencia y licitaciones abiertas como regla. Es sentido común. Que no exista desde hace años explica buena parte de lo que pasó. Luego está el reloj. El proceso electoral federal arrancó el 10 de septiembre y la jornada será el 6 de junio de 2027. Quedan menos de 220 días. En ese lapso, el INE tiene que contratar la impresión de boletas, la fabricación de urnas y mamparas, y el traslado de paquetes. La pregunta es ¿quién va a fabricar el material de 2027 y con qué reglas? Si la respuesta resulta ser: los mismos proveedores con otra razón social, el escándalo apenas empieza.
En la entrevista, Ramírez Cuéllar recordó que varias generaciones pelearon por tener un árbitro imparcial y que una sola persona no puede tirar ese esfuerzo por la borda. Coincido, y agrego algo: la credibilidad del INE no vuelve con una renuncia ni con una presidencia provisional votada por unanimidad. Vuelve el día en que cualquier ciudadano pueda consultar a quién se le compró cada urna y a qué precio, y la Cámara designe una presidencia definitiva sin padrinos a la vista. Eso tiene que ocurrir antes de que las boletas lleguen a la imprenta. Después ya será tarde.