Invi incumple el plazo para devolver Antonio Caso 104; predio despojado hace más de dos décadas
Tras desacatar la orden judicial, el instituto enfrentará reclamos de indemnización que incluyen el valor actual del inmueble sin el daño estructural reciente, además del pago de rentas no percibidas y daño moral, advierten
El último plazo que el juzgado sexto de distrito en materia administrativa le dio al Invi para devolver a sus dueños el edificio ubicado en Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, del que fueron despojados desde 2004 venció la semana pasada y la dependencia no ha cumplido la sentencia del juez, así lo expresaron los dueños del inmueble.
En entrevista con Excélsior, uno de los dueños del edificio de 34 departamentos y 9 locales comerciales recordó que desde el pasado 10 de agosto en conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó a la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas, atender el caso y dijo: “quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad, se tiene que restituir”, sin embargo, eso no ha ocurrido.
El juez Francisco Javier Rebolledo Peña ordenó al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, en su calidad de director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, coordinarse con diversas dependencias para llevar a cabo el desalojo del inmueble y devolverlo a sus legítimos dueños, tal como lo ordenó un tribunal colegiado desde hace más de un año.
Rebolledo Peña instruyó al secretario Inti Muñoz, en el acuerdo al que Excélsior tuvo acceso, coordinarse para estas acciones con Brugada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, así como con los titulares del instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y la alcaldía Cuauhtémoc.
En acuerdo relacionado con el amparo indirecto 1454/2022 el juez determinó que Muñoz tenía sólo tres días para demostrar que le había notificado a todas las autoridades competentes “el día y la hora en que se llevará a cabo el desalojo”.
Así como un plazo de dos días para “que se reúnan, coordinen, se pongan de acuerdo y planeen la estrategia que se deberá implementar, atendiendo a cada una de las facultades legales y seguir antes, durante y después del desalojo del inmueble propiedad del quejoso y ponerlo en plena posesión del mismo”.
Además de que las autoridades responsables están obligadas a demostrar “que efectivamente llevaron a cabo cada uno de éstos eventos mediante copias certificadas que presenten ante este juzgado federal”.
Este diario le consultó al Invi sobre el tema y la dependencia respondió que “el pasado 26 de octubre se llevó a cabo una visita —al inmueble— en presencia del C. Actuario del Juzgado, personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de distintas áreas del gobierno central, con la finalidad de realizar una inspección física del inmueble y determinar su grado de riesgo estructural”.
Y actualmente el Invi se encuentra “en espera de los dictámenes técnicos correspondientes, los cuales permitirán conocer las condiciones estructurales del inmueble” además de que “mantiene conversaciones con los propietarios legítimos, con el propósito de explorar la posibilidad de adquirir el inmueble”.