Sheinbaum niega persecución a Inés 'N': “la investigación es de hace tiempo”
“Es un delito lo que cometió y es una investigación que no la iniciamos nosotros”, subrayó la Presidenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la conductora Inés Gómez Mont presuntamente está ligada con “un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras”. La mandataria subrayó que las investigaciones en contra de la detenida comenzaron antes de la actual administración. Tras su detención en Florida, Estados Unidos, el Gobierno de México espera que avance el procedimiento legal para que enfrente los procesos penales pendientes en territorio nacional.
Es un delito lo que cometió y es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo”, declaró Sheinabum durante la mañanera, al referirse a la situación jurídica de la expresentadora de televisión.
Sheinbaum explicó que Gómez Mont fue detenida por motivos migratorios en Estados Unidos y que las autoridades mexicanas esperan que pueda concretarse el procedimiento para que responda ante la justicia. El caso volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por la probable participación de Gómez Mont en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos órdenes corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada, promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Los tres mandamientos judiciales fueron librados por jueces federales.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos provenientes de un presunto esquema de desvío y triangulación de fondos públicos, mediante empresas fantasma.
La Fiscalía señaló que las operaciones investigadas estarían relacionadas con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de asuntos vinculados con los centros penitenciarios federales.
Además, la institución sostiene que la conductora habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que presuntamente habría ocasionado la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.