Los escándalos de corrupción que azotan al INE y que han puesto a la autoridad electoral federal en la peor crisis de desprestigio desde la fundación del IFE, fueron causados, sin duda, por la conducta deshonesta de la consejera presidenta recientemente defenestrada. Pero esa conducta también tiene su explicación en una serie de decisiones políticas previas que facilitaron esa conducta: la creciente concentración del poder.
Desde el nombramiento de la consejera presidenta, en marzo de 2023, se advirtió un cambio respecto a las designaciones que por más de 20 años se habían llevado a cabo para integrar el órgano máximo de dirección del IFE y luego del INE. En circunstancias distintas y con algunas variantes en el procedimiento, siempre se había buscado el acuerdo entre las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, propiciando que cada una de las propuestas fueran por lo menos aceptables para todos. Eso que algunos llamaban despectivamente “cuotas de los partidos”, si bien no era lo más deseable, por lo menos garantizaba pluralidad, equilibrios para cuidarse las manos mutuamente y que ninguna fuerza política pudiera hacerse del control del Consejo General.
Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República, esa línea de acuerdos empezó a cambiar. De entrada, el nuevo presidente cargaba un fuerte resentimiento contra la autoridad electoral, porque culpaba al IFE de sus dos derrotas electorales anteriores, y transfirió su desconfianza al INE; al mismo tiempo, despreciaba a la oposición, a la cual le negaba toda legitimidad y, por ende, siempre rechazó dialogar y buscar acuerdos con los partidos que no se le unieron. Esa política fue dictada a su coalición legislativa, aunque, mientras ésta no contó por sí sola con los votos suficientes para nombrar consejeros electorales, tuvo que abrir resquicios para que la oposición no rechazara de plano todas sus propuestas. Así ocurrió en 2020. El Consejo General del INE continuó siendo plural y, en conjunto, imparcial ante todos los partidos.
En 2023, la coalición oficialista logró integrar propuestas con predominio de personas allegadas al partido Morena. Para ahorrarse la molestia de buscar consensos y siguiendo la recomendación del Ejecutivo, la coalición morenista optó por la insaculación. En el caso de las aspirantes a consejera presidenta, el partido oficial no podía perder, ya que todas las fichas eran suyas. De esa apuesta predeterminada resultó ganadora Guadalupe Taddei Zavala.
Aun así, el Consejo General tenía oportunidad de conservar equilibrio e imparcialidad. Ser propuesta por un partido no obliga a la persona designada a plegarse a sus dictados, porque la Constitución confiere autonomía al INE e independencia a sus consejeros. En un cuerpo colegiado como el Consejo General del INE, el primer mandato de su presidencia es procurar la unidad y la cohesión del Consejo. Ello requiere voluntad, paciencia y habilidad para construir acuerdos. Todos los consejeros presidentes del IFE y el INE tuvieron ese reto, que no era fácil, pero todos lo lograron razonablemente bien. Nada es perfecto, pero los consensos pueden ser funcionales para que la institución cumpla sus objetivos constitucionales y legales.
En la práctica, a Guadalupe Taddei le faltaron voluntad, paciencia y habilidad para construir acuerdos. A falta de consensos, optó por decidir por sí misma la mayoría de los nombramientos (bajo la figura de “encargados de despacho”); igualmente, tomó muchas decisiones a espaldas del cuerpo colegiado. Un intento de seis consejeros de limitar el tiempo de aquellas designaciones, que eran formalmente provisionales, fue rechazado por la presidenta y por el Tribunal Electoral. Así se prolongaron las designaciones unilaterales. Con tales incentivos, la consejera presidenta desdeñó y debilitó la deliberación y las decisiones colegiadas. Para colmo, la mayoría morenista en el Congreso obsequió a Guadalupe Taddei un cambio legal para poder designar por sí sola a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE. La colegialidad quedó rota, las querellas entre consejeros se multiplicaron y se alinearon los incentivos para que la presidenta actuara con arbitrariedad y sin control.
Esa concentración excesiva de poder, que Taddei buscó y el partido Morena le otorgó, se convirtió en un regalo envenenado. Veneno para el instituto y, a fin de cuentas, veneno para ella misma. Abusar de ese poder unipersonal no era un destino inexorable, pero sí una tentación que ella no resistió. Las consecuencias están a la vista de todos: desprestigio devastador de Taddei y crisis de confianza en el INE.
El INE requiere una reparación a fondo de los daños, si no se quiere arriesgar la legitimidad de las próximas elecciones. La lección es clara para quien quiera entenderla: la concentración de poder en una sola fuerza política es veneno letal para la democracia y para la ética de gobierno. Para reconstruir la confiabilidad de la autoridad electoral es indispensable que la mayoría dialogue y acuerde con la oposición. Y hay que tener presente el apotegma de John Edward Acton: “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.