Hace unos días, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de septiembre y, aunque casi toda la conversación se detuvo en la percepción de inseguridad, la encuesta guarda otro dato que dice mucho sobre cómo vive la gente su ciudad, pues cuando se pregunta a los habitantes de 91 áreas urbanas qué problemas padecen en su entorno, los baches aparecen en primer lugar con 83.1%, seguidos por las fugas de agua y las coladeras tapadas. Aunque la violencia conserva toda su gravedad, el dato obliga a mirar aquello que la gente encuentra cada mañana al salir de su casa y que, por mandato constitucional, corresponde resolver a los municipios.
La encuesta muestra que ese nivel de gobierno es el que menos confianza despierta, por debajo del federal y del estatal, y que apenas 30.7% considera efectivo al gobierno de su ciudad. Resulta paradójico que la política más cercana a la vida cotidiana, la que debería parecerse más a una administración pública eficiente que a una contienda entre proyectos de nación, sea la que peor responde, y la pregunta por las causas se vuelve urgente cuando en junio se elegirán más de 18 mil cargos en ayuntamientos.
Por un lado, está el dinero. Los municipios cargan con el agua, el alumbrado, las calles y la seguridad preventiva, mientras que cerca de 73% de sus recursos proviene de transferencias federales. El predial, impuesto que la Constitución les reserva, ronda 0.2% del PIB; y en impuestos a la propiedad, México recauda 0.3% frente a 0.8% en América Latina y 1.7% en la OCDE. En 2024 los municipios, sin contar a la Ciudad de México, cobraron poco más de la mitad del predial programado, en un país donde 350 municipios no tienen actividad catastral y 3 de cada 4 no permiten pagar por internet. Al rezago se suma la desigualdad, pues 80% de lo recaudado se concentra en 100 municipios y los de muy baja marginación recaudan, en promedio, unas 17 veces más que los de muy alta, por lo que donde más se necesitan los servicios es donde menos recursos propios existen para sostenerlos.
El 23 de octubre se publicó en el DOF la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca digitalizar los catastros y facilitar el pago del predial sin crear impuestos nuevos. Aunque atiende un diagnóstico viejo, el propio decreto establece que los gastos se cubrirán con el presupuesto ya autorizado, sin recursos adicionales, y da a los congresos locales 180 días para prever esos recursos en sus presupuestos, con lo cual la tarea de modernizarse para poder cobrar vuelve a recaer en los gobiernos que menos tienen para hacerlo.
A la falta de dinero se suma la duda sobre el destino del poco que llega. En la entrega de la Cuenta Pública 2025 que la ASF presentó el 30 de octubre, los 42 municipios auditados acumularon casi 6 de cada 10 pesos pendientes de aclarar, sin que ninguno comprobara el destino de todos los recursos federales que recibió. La ASF revisa únicamente el dinero que la Federación transfiere a los municipios, mientras lo que recaudan por su cuenta lo vigilan las auditorías estatales, aunque como esas transferencias son su principal fuente de ingresos, sus revisiones alcanzan la mayor parte de lo que un ayuntamiento administra. Un monto por aclarar todavía no prueba un desvío, y 42 casos entre más de 2 mil municipios están lejos de ser una muestra representativa. La cifra funciona, entonces, como una advertencia sobre lo poco que sabemos del gasto local y obliga a pedir cuentas a esas auditorías estatales, así como a pensar en controles que permitan seguir cada peso recaudado en lo local.
Una última parte tiene que ver con el cargo, que dura tres años, y bajo la no reelección, casi todos los mandos medios y altos eran reemplazados en cada cambio de gobierno, lo que impedía que la experiencia se quedara en quienes conocen las tuberías y los padrones de cada lugar. La reelección, permitida desde 2014, abrió horizontes de hasta seis años, pero quedará prohibida a partir de 2030, mientras la profesionalización del servicio público se ha concentrado en el ámbito federal y ha dejado rezagados a estados y municipios. Cuando en 2027 se renueven los ayuntamientos, las campañas volverán a hablar de seguridad y de grandes proyectos nacionales, aunque la confianza en lo local depende de tareas tan modestas como tapar un bache o destapar una coladera, que exigen dinero propio y equipos estables, algo que el diseño institucional le ha regateado al municipio durante décadas.