Higinio Martínez eligió bien la imagen. Al recibir el lunes el paquete de iniciativas anticorrupción que le llevó Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente del Senado pidió una limpieza a fondo “con aguarrás”, no con Vel Rosita. Y luego dijo algo que pesa más que la metáfora: que López Obrador sostenía desde antes de 2018 que la corrupción de los gobernantes era el principal problema del país, y que no se ha logrado eliminar. Dicho por un senador de Morena frente a académicos y organizaciones civiles, el reconocimiento no es menor. Vale la pena ver qué se entregó. El vicecoordinador morenista en San Lázaro propone sustituir el Sistema Nacional Anticorrupción, que a su juicio tiene “muchas limitaciones”, por uno nuevo. Plantea una Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización para que la ASF y las auditorías estatales trabajen con criterios homologados y puedan revisar en tiempo real, con facultad de sancionar. Quiere rediseñar las fiscalías anticorrupción de la FGR y de los estados, revisar el fuero y el juicio político, reformar el Código Penal en los delitos de corrupción y afinar la extinción de dominio, sobre todo para el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles. A la denuncia ciudadana le promete protección y plazos para resolver.
Lo que me parece distinto es el método. El paquete no bajó de Palacio Nacional con la instrucción de no moverle una coma. Llegó acompañado del CIDE y de México Evalúa, que de entrada puso una objeción técnica: su investigadora Susana Camacho prefiere un marco flexible que permita a los fiscales colaborar con otras autoridades antes que multiplicar fiscalías especializadas. Habrá mesas de análisis en ambas cámaras y en Jurídicas de la UNAM. En una legislatura acostumbrada al dictamen exprés, que una iniciativa de Morena llegue pidiendo discusión ya es noticia.
Ramírez Cuéllar ha hecho el diagnóstico sin rodeos. Los fiscales anticorrupción dependen de un fiscal general que decide qué expediente avanza y cuál se queda en el cajón, y en los estados las auditorías se volvieron prolongaciones de la oficina del gobernador. El número que suele acompañar esa queja es brutal: un estudio del Tec de Monterrey contó 17 mil 873 denuncias por corrupción en 22 estados y apenas 34 sentencias. Impunidad de 99.8%. Ahora, lo que el oficialismo no suele decir en voz alta. A Morena y al gobierno esta reforma les urge más que a nadie, porque los expedientes que más ruido han hecho en este sexenio tienen su nombre o el de sus aliados. Pienso en la red de huachicol fiscal con mandos de Marina, en la acusación de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, en los señalamientos que persiguen a Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán o en los vuelos privados de Mara Lezama. En casi todos, la respuesta institucional llegó tarde y casi siempre después de que llegó de fuera. Ese desaseo jurídico y, en algunos casos, penal, ya se cobra en la relación con Washington. En 2027 se puede cobrar en las urnas.
Las herramientas heredadas no alcanzan. La reforma al Poder Judicial se vendió como la gran cruzada contra la corrupción de los jueces, y hoy tenemos una Corte enredada en sus pleitos internos y a legisladores de Morena, el propio Ramírez Cuéllar, proponiendo corregir las reglas para elegir jueces. Esa reforma no se diseñó para investigar a un gobernador del partido en el poder ni para seguirle el dinero a un exsecretario. Para eso hace falta un sistema que funcione, aunque el acusado sea de casa. La apuesta, además, es políticamente inteligente porque mira hacia adelante. Se presenta como respuesta a la convocatoria de la Presidenta y como el cumplimiento de una promesa obradorista que el mismo Higinio Martínez admite pendiente. Con eso se evita el choque con el obradorismo sin renunciar a dejar instituciones capaces de castigar la corrupción y, mejor todavía, de impedirla.
Tengo mis dudas, claro. Fortalecer a las fiscalías sin darles autonomía constitucional, como se propone, puede terminar en lo de siempre si el nombramiento sigue colgando de la voluntad política. Y la eliminación del fuero, que Ramírez Cuéllar empuja desde hace meses, va a encontrar resistencias dentro de la propia coalición. El periodo extraordinario de enero dirá si la mayoría quiere de verdad un sistema que pueda alcanzarla. Higinio Martínez cerró con una frase que conviene guardar para entonces: “No hay de otra”. Lo veremos cuando el primer expediente sea de uno de los suyos.