Profesores de Cornell censuran a la Universidad por el manejo de una denuncia de violación grupal
Una exestudiante denunció que fue drogada con ketamina y violada por siete miembros de una fraternidad en 2024.
Los profesores de la Universidad de Cornell aprobaron el viernes una simbólica moción de censura contra la dirección por su gestión de casos de agresión sexual, tras una denuncia de violación grupal que causó indignación en Estados Unidos.
Una exestudiante denunció que en 2024, cuando tenía 20 años, fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de una fraternidad de varones en la prestigiosa universidad.
Un caso que sacudió a la universidad
El caso ha suscitado duras críticas contra la institución y los fiscales, que no habían iniciado ningún proceso a pesar de una primera denuncia. Los fiscales reabrieron recientemente la causa con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, al frente de la investigación.
El profesorado no tiene poder para destituir a los administradores. No obstante, su voto constituye un fuerte revés para el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff.
La resolución pone en duda la capacidad de la administración para enfrentar el problema:
"La capacidad de la administración central para abordar de manera eficaz la crisis persistente de las agresiones sexuales en la Universidad Cornell", señala el texto de la resolución.
Al término de una semana de votación electrónica, se registraron 75 votos a favor, 50 en contra y cinco abstenciones, según cifras oficiales publicadas en la página web de la institución.
La respuesta de la universidad, bajo la lupa
Es la primera moción de este tipo en los 56 años de historia del Senado de profesores de Cornell, según medios estadunidenses. Solo la Junta de Fideicomisarios puede destituir a Kotlikoff, y su presidenta, Anne Smalling, afirmó que no hay lugar para la violencia sexual en el campus, pero que la junta sigue confiando en la administración.
El autor de la resolución, el profesor Paul Ortiz, sostuvo que los administradores priorizaron la reputación de la universidad sobre las víctimas. Kotlikoff calificó el caso de profundamente perturbador, aunque no se conoce una respuesta suya específica al voto.
En una carta dirigida a los representantes del cuerpo docente, la estudiante reprochó a Kotlikoff su falta de apoyo.
Las sanciones impuestas a los presuntos agresores, que van desde la suspensión hasta la expulsión, también han sido consideradas insuficientes por algunos observadores.
Una investigación externa independiente examina la gestión del caso por parte de la institución y fue encargada a Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos, el segundo cargo más alto en el Departamento de Justicia.
Según un estudio publicado en 2020 por la Asociación de Universidades Estadunidenses y realizado en 33 instituciones, una cuarta parte de las estudiantes de grado declararon haber sido objeto de contacto sexual forzado o sin posibilidad de consentimiento.