El escándalo de corrupción de Morena en el INE es, quizás, el más grave en la historia moderna de México por su maquinación, extensión y encubrimiento desde el propio gobierno, que confirma que la desaparición de los organismos autónomos para contrapesar su poder y rendir cuentas a los ciudadanos fue planeado para permitir este caso, que se suma al de Segalmex.
La renuncia de Guadalupe Taddei y la salida de al menos 30 funcionarios cercanos a su gestión revelan la dimensión de una crisis que trasciende las presuntas irregularidades en contratos millonarios. Lo que está en juego es la credibilidad de la institución encargada de garantizar que el voto ciudadano sea respetado.
Pero no sólo escandaliza el nivel de impunidad que sugieren las investigaciones. Morena tiene ahora, desde su mayoría legislativa, la posibilidad de imponer a una nueva presidencia afín a sus intereses. La Cámara de Diputados deberá designar a quien conducirá al INE durante las elecciones intermedias de 2027, cuando estarán en disputa miles de cargos públicos. Bajo esta ruta, la autonomía electoral queda seriamente comprometida.
La gravedad de esta confabulación no se resuelve con renuncias. Las responsabilidades administrativas y penales deben alcanzar a todos los involucrados sin importar sus vínculos políticos. Sin embargo, la resistencia a investigar a los propios encuentra refugio en una narrativa desgastada: los de antes robaban más. Como si los delitos del pasado pudieran justificar los del presente.
El problema ha rebasado las fronteras. Agencias internacionales y medios nacionales documentaron la crisis del INE y las investigaciones por posibles conflictos de interés y desvío de recursos. No se trata de una controversia menor, sino de la pérdida de confianza en una institución fundamental para la estabilidad democrática de México.
Y aquí aparece un elemento que Morena parece empeñado en ignorar: Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump ha convertido el combate a los cárteles mexicanos y sus redes de protección política en una prioridad de seguridad nacional. En septiembre, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas con grupos criminales, entre ellas políticos corruptos que permiten operar impunemente a esa organización.
La advertencia estadunidense es inequívoca. Por eso resulta ingenuo sostener que lo ocurrido en el INE carece de relevancia para Washington. Una cosa es la soberanía mexicana y otra suponer que Estados Unidos permanecerá indiferente ante la posibilidad de que autoridades vinculadas con organizaciones criminales lleguen al poder mediante elecciones cuya integridad esté cuestionada.
Pero sus acciones contra redes de corrupción y narcotráfico demuestran que la infiltración criminal en las estructuras gubernamentales mexicanas ya forma parte de su agenda de seguridad.
Qué sucedería si esas investigaciones alcanzaran el financiamiento ilícito de campañas electorales y revelaran vínculos entre candidatos, dirigentes partidistas y organizaciones criminales. La dimensión del problema dejaría de ser exclusivamente electoral para convertirse en una crisis de legitimidad del Estado mexicano.
Morena enfrenta, así, una contradicción que no podrá resolver mediante discursos sobre soberanía. El mayor riesgo para México no es que Washington observe sus elecciones. Es que los mexicanos lleguen a 2027 sin confiar en quienes deben organizarlas y contar sus votos.
La democracia no puede sobrevivir cuando quienes deben garantizar la limpieza de las elecciones terminan bajo sospecha y quienes tienen el poder para corregirlo pretenden controlar también su relevo.
Es una señal de desesperación la orden de volver a investigar el ejercicio del gasto de las presidencias del INE. Distracción y justificación, el mantra macuspano: ellos robaban más; claro que aquí el botín son los votos de los mexicanos, como fue el descaro de las elecciones judiciales.